Parlamentarios oficialistas presentaron un proyecto de ley que tipifica dentro del Código Penal la negación de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura cívico-militar, estableciendo con ello penas de prisión que van desde el grado medio al máximo y multas entre las 20 y las 40 UTM. Al respecto, sus autores aclararon que el cuerpo legal no busca sancionar simples «opiniones», sino que la negación de hechos «fehacientemente acreditados» por el Poder Judicial y las comisiones de verdad y reparación.
El texto propone crear un nuevo párrafo bajo el acápite «de la justificación, aprobación o negación de las violaciones a los DD.HH.» y agregar el que sería el artículo 161-D. Este último no solo contendría las citadas sanciones, sino que además establecería como condicional que si el delito fuere cometido por un funcionario público en ejercicio, la pena deberá ser aumentada en un grado y la multa elevada a su máximo.
Durante la presentación, la diputada Carmen Hertz (PC) explicó que las sanciones apuntan a las conductas negacionistas que vulneren «el derecho a la honra de las víctimas» de los crímenes de lesa humanidad.
Junto con ello, la parlamentaria detalló que la tipificación propuesta consta en las legislaciones de países como Alemania, España, Grecia, Israel y otros que en su pasado sufrieron «la opresión y el exterminio de sus ciudadanos por razones políticas».
No repetición
Con evidente afectación, la diputada María Candelaria Acevedo (PC) recordó su paso por los centros de detención y tortura dispuestos por la dictadura militar, por lo que llamó a «las fuerzas democráticas del país» a sacar adelante el proyecto de ley.
Mismo deseo fue manifestado por el diputado Jaime Naranjo (PS), quien instó a sus pares en el Congreso a mantener su compromiso con la democracia y evitar que Chile «vuelva a vivir una situación parecida a la que nos tocó a vivir. Ni nosotros, ni los que piensan distinto».
Por su parte, el diputado Gonzalo Winter (CS) recordó que las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar chilena se encuentran «fehacientemente acreditadas» a través de los informes Rettig, Valech, de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, y de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación; situación que en 1991 llevó al Estado a pedir perdón a la totalidad de las víctimas y sus familias.
Por ello, el parlamentario oficialista concluyó que el proyecto de ley presentado no pretende «sancionar opiniones» ni «pensamientos», sino que «la negación de hechos» probados por el Poder Judicial y las comisiones constituidas al respecto.
Cabe destacar que la iniciativa legal llega luego de que la encuesta CERC-MORI diera a conocer que un 36% de los connacionales encuestados considera que los militares «tenían razón» al dar el golpe de Estado chileno; y tras los dichos del consejero constitucional y jefe de bancada de Republicanos en la instancia, Luis Silva, quien aseguró que posee un «dejo de admiración» por Augusto Pinochet.
