Funcionarios de Carabineros concretaron esta mañana el desalojo de los 208 departamentos ocupados en San Pedro de la Paz, correspondientes a trece torres de un proyecto desarrollado por Serviu en la zona y que se encontraban próximos a ser entregados a sus propietarios legítimos, beneficiarios del Programa de Reparación y Atención en Salud, Prais (1 y 2).
Junto con calificar la toma como «inaceptable», la delegada presidencial regional, Daniela Dresdner, recalcó que «este desalojo corresponde a la necesidad de devolverle a un grupo de 208 familias las viviendas a las que postularon y que estaban esperando hace años».
Efectivos policiales de las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía participaron de este operativo, debido a que cerca de mil personas se encontraban en los edificios ocupados.
La autoridad política informó que aun cuando la mayoría de las familias hizo abandono de los departamentos de manera pacífica, grupos minoritarios se enfrentaron con Carabineros y agredieron a la prensa apostada en el lugar, en particular, a un equipo de TVN.
En esta línea, Dresdner profundizó en el trabajo previo al desalojo, que tenía como foco principal el resguardo de los cerca de 250 niños y niñas que formaban parte de la ocupación.
La delegada adelantó que ya se están definiendo medidas de seguridad para evitar nuevas ocupaciones. Lo primordial, agregó, «es poder reparar lo más rápido posible, si es que existen daños, para poder entregárselos a las familias que tienen que habitarlos».
En tanto, el gobernador Rodrigo Díaz condenó la violencia tanto de la ocupación como de la agresión a los equipos periodísticos.
Díaz pidió además investigar a las organizaciones detrás de las tomas de viviendas y planteó la necesidad de que los desalojos se concreten en flagrancia, sin los días de espera que «fortalecerían» a los ocupantes ilegales.
Por su parte, la seremi de Vivienda y Urbanismo, Claudia Toledo, indicó que desde la cartera se está «trabajando en once líneas programáticas. Nada justifica una acción de este tipo y nosotros vamos a defender los derechos de los destinatarios de estos proyectos habitacionales, comités de vivienda que se han organizado y seguido la vía institucional».
La autoridad del Minvu informó que a los propietarios de los departamentos se les entregarán permisos de habitabilidad, para que puedan tomar posesión de estos una vez que las condiciones de seguridad lo permitan.
Más tarde, y luego de la revisión, tanto la titular regional del Minvu como la delegada reportaron daños en la sede vecinal del complejo habitacional, en las puertas de las unidades ocupadas y en algunos calefonts que fueron desarmados o, derechamente, sustraídos. Dichas reparaciones ya están siendo gestionadas, no así el pintado de las murallas rayadas, dado que ello excedería la cobertura de la obra gruesa que inicialmente iba a ser entregada.
Acelerar la entrega
Con posterioridad, el jefe de la VIII Zona de Carabineros del Biobío, general César Bobadilla, detalló que de las cinco detenciones enmarcadas en el operativo, una correspondió al delito de robo, otra al de desórdenes y tres por órdenes pendientes. También, la autoridad sostuvo que a pesar de las barricadas y elementos incendiarios con los que fueron recibidos los efectivos policiales, no hubo heridos.
Por parte de los afectados, el dirigente del comité del proyecto Prais I, José María Núñez, especificó que el 85% de los adjudicatarios corresponde a presos políticos, exonerados y familiares que desde 2004 comenzaron a postular a una vivienda a través de la iniciativa.
Tras esa larga espera, Núñez enfatizó en que las familias hoy poseen urgencia por ingresar a los departamentos para comenzar con la instalación de los pisos y el pintado de las murallas, lo que tomará entre «30 a 40 días». Por ello, llamó a las autoridades a acelerar «los lentos procesos administrativos» que han retrasado las entregas.
Ante el desalojo y la posibilidad de que sean incrementadas las medidas de seguridad para evitar nuevas tomas, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Concepción, Bernardo Suazo, reafirmó que es «deber del Estado» acelerar los procesos de entrega y, en última instancia, proveer medidas preventivas para futuros casos.
Cabe destacar que con el pasar de las horas otras autoridades se sumaron a la condena tanto de la ocupación como de la agresión al equipo periodístico de TVN. Una de ellas fue la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien llamó a través de su cuenta de Twitter a avanzar en un «proyecto de ley de defensa a los trabajadores/as de la prensa».
