El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) ha considerado necesario dar a conocer a la opinión pública su desconcierto y malestar ante la postura del Ministerio de Educación, manifestada por el Subsecretario de Educación Superior en la Comisión de Educación y Cultura del Senado, respecto a desestimar las diversas alternativas de solución presentadas por el CRUCH para enfrentar la difícil situación académica y financiera de sus Universidades en el contexto de la pandemia por Covid-19. Al respecto, debemos expresar que:

1. El Consejo de Rectores, en la primera sesión de la Comisión en que se analizó esta situación, dio cuenta de los complejos impactos para sus 30 Universidades y propuso seis medidas que permitirían enfrentar esta crisis. En la ocasión se expuso que el impacto, sólo en términos de déficit financiero superará los $146 mil millones de pesos.

2. Considerando la complejidad de esta situación que afecta principalmente a las instituciones públicas coadyudantes de la labor del Estado en la formación de ciudadanos y ciudadanas, llama la atención que la postura del Ministerio, en la segunda sesión de la Comisión, no reflejara un análisis en profundidad de las propuestas del CRUCH, ni abriera espacios para discutir los antecedentes de base o para buscar soluciones conjuntas.

3. Uno de los aspectos más preocupantes es la propuesta del Ministerio acerca del uso de los recursos excedentes del Fondo Solidario del Crédito Universitario (FSCU), señalando que las universidades del CRUCH podrían tener acceso a los excedentes del año 2019 “pero en la medida que también puedan entregar la parte remanente de esos excedentes a un fondo solidario común, y que ese fondo esté disponible para todas las instituciones de educación superior que lo requieran, a través de créditos blandos otorgados en condiciones favorables”.

4. Al respecto, es necesario recordar que en los últimos dos años, el CRUCH ha solicitado hacer uso de los recursos excedentes del FSCU para enfrentar el déficit generado en las instituciones por efecto de la política de gratuidad. Sin embargo, en el 2018, en la discusión de la Ley de Presupuesto 2019, el Ejecutivo, a través del Tribunal Constitucional, negó esta posibilidad, aun cuando el Congreso la había aprobado. Posteriormente, en 2019, aunque se logró establecer el uso de un 30% de estos recursos el Mineduc restringió esa posibilidad solo a los recursos recuperados el 2019.

5. Más aún, ante el requerimiento de reconsiderar esta postura, el Mineduc señaló en reiteradas oportunidades la complejidad jurídica que aquello significaba, lo que contrasta significativamente con el planteamiento actual que sostiene que no se requeriría de una reforma legal mayor. En consecuencia, cabe preguntarse por la voluntad del Ejecutivo para permitir que las instituciones del CRUCH puedan efectivamente usar estos recursos.

6. Nos parece de la mayor relevancia aclarar que los excedentes de los Fondos Solidario son patrimonio de las Universidades, en cuanto éstas han aportado e invertido en ellos durante años y la Ley las mandata para el cuidado de este patrimonio. Por lo tanto, creemos que es absolutamente legítima la solicitud que sean nuestras Universidades las que puedan hacer uso de estos excedentes, los que se utilizarían como apoyo complementario para nuestros estudiantes y ayudarían a enfrentar la situación de déficit generado en las instituciones.

7. Es importante señalar que esta no es la primera vez que el Ejecutivo plantea la idea de acceder a los recursos de los fondos solidarios. Ejemplo de ello es el Sistema de Financiamiento Solidario, SIFS, en el que se ve claramente reflejada esta intención. En este sentido, debemos manifestar que la propuesta del Ministerio no constituye una solución y, más aún, resulta preocupante el principio político que está detrás de esta iniciativa.

8. Además, el rechazo a la solicitud de no considerar el año 2020 en la duración nominal de la carrera para estudiantes beneficiarios de gratuidad, y la negativa a abrir un nuevo proceso a postulación de ayudas estudiantiles a través del FUAS, dado que la situación de muchas familias ha cambiado desfavorablemente producto de la emergencia sanitaria, revelan una postura que dista del apoyo que la educación pública requiere del Estado en un momento tan crucial para la sociedad chilena.

9. Finalmente, creemos que este tipo de planteamientos no reconoce la labor ni el aporte sustantivo que han realizado las Universidades en esta situación de crisis, ni el rol público que caracteriza a nuestras instituciones, por lo que hacemos un llamado a las autoridades pertinentes para abrir instancias de diálogo y avanzar en la búsqueda de soluciones.

 

Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid
Vicepresidente Ejecutivo
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas