La ministra Carola Rivas, presidenta de la Corte de Apelaciones de Concepción, dio inicio al recorrido del Bus de la Justicia por la Región del Biobío, una actividad se enmarca dentro de las obligaciones autoimpuestas por el Poder Judicial: estar con las personas, escuchar y responder sus inquietudes y explicar las resoluciones en lenguaje sencillo.
El foco, destacó la ministra Rivas, estará puesto en los grupos vulnerables, con especial atención en mujeres, niños, niñas y adolescentes (NNA), adultos mayores, personas con discapacidad y migrantes. “La realización de ‘plazas de justicia’ en las que las personas puedan acercarse libremente a nosotros y aclarar temas de su interés son de vital importancia y serán un sello de mi gestión”, explicó.
El Bus de la Justicia, por su movilidad y equipamiento, puede llegar fácilmente a sectores aislados atendiendo a usuarias y usuarias en comunas que no tienen tribunales o cuyo acceso es dificultoso, poniéndose énfasis en aquellos lugares afectados por los incendios forestales en los que se necesita mucha asesoría en materias como títulos de dominio.
El periplo continuará entre 21 y 31 de marzo, por Isla Santa María (de manera inédita), Dichato, Quilaco, Antuco, San Rosendo y Santa Juana.
Violencia intrafamiliar
Durante la ‘Plaza de justicia’ en Concepción se dieron a conocer las cifras de denuncias por violencia intrafamiliar de los últimos años.
Entre 2020 y 2022, en la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Concepción, el incremento en el número de denuncias ha alcanzado el 68,78%.
Para la ministra Rivas, esto “grafica un fenómeno cada vez más descontrolado y un grave síntoma de la sociedad machista y patriarcal en que vivimos, pero también puede deberse a que las mujeres están creyendo más en las instituciones y atreviéndose a denunciar”.
En el caso del Juzgado de Familia de Concepción (que abarca las comunas de Concepción, Chiguayante, Hualqui, Penco y San Pedro de la Paz), las denuncias anuales pasaron de 1.902 en 2019 y 1.819 en 2020, a 3.278 en 2021 y 3.377 en 2022.
En el Juzgado de Familia de Talcahuano (considera la población de Talcahuano y Hualpén), en el que el 2019 se habían presentado 1.055 denuncias, las que aumentaron a 1.139 el 2020; a 1.861 el 2021 y a 1.878 el 2022.
También se ve el fenómeno en el Juzgado de Familia de Los Ángeles (considera a los habitantes de Los Ángeles, Quilleco y Antuco) en el que se pasó de 1.374 denuncias en 2019 a 1.210 en 2020; 1.947 en 2021 y 2.209 durante 2022.
La ministra Rivas, junto con manifestar la preocupación del Poder Judicial ante esta situación, insistió en mejorar la coordinación interinstitucional para prevenir la violencia de género.
Además, indicó que se está trabajando en la capacitación que permita concretar normativas como el uso de la tobillera electrónica, clave para vigilar el cumplimiento de las medidas cautelares.
Finalmente, la autoridad informó que se creará una mesa de trabajo con todos los tribunales de familia de la jurisdicción y otros actores significativos para coordinar acciones comunales que apunten a trabajar con actores relevantes de Salud y Educación en el establecimiento de protocolos y desarrollo de capacitaciones para mejorar la efectividad de las denuncias.
