Tras seis horas de debate y casi una semana de discusiones legislativas, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la admisibilidad de la acusación constitucional presentada por el Partido de Republicano en contra del ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson Drago. El citado libelo apuntaba a la responsabilidad del titular por supuestas presiones políticas, intervencionismo electoral y la baja ejecución presupuestaria de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
La sesión comenzó con poca claridad respecto del resultado. Hasta ese punto, pesaban en contra del documento el negativo informe otorgado por la comisión revisora, liderada por diputada Clara Sagardía (ind-CS) y los posibles descuelgues de ciertos parlamentarios de oposición.
En ese contexto, la abogada defensora, Claudia Sarmiento, abrió los diálogos poniendo en duda el sustento jurídico de la acusación constitucional e invocando, de paso, la llamada «cuestión previa». De igual modo, cuestionó el uso de este tipo de herramientas legales para «análisis de mérito o de conveniencia política».
Los argumentos
Previo a la votación, se dio espacio para argumentar a los integrantes de la comisión revisora. Entre ellos se encontraba el diputado Bernardo Berger (RN), quien llamó a tomar acción ante las denuncias presentadas por la exseremi de Desarrollo Social Metropolitana, Patricia Hidalgo; y ante los niños y niñas, que, a su juicio, vieron «quebrantados sus derechos» por omisión.
En tanto, el diputado republicano, Johannes Kaiser, uno de los impulsores del libelo, cuestionó las competencias y la idoneidad moral del ministro Jackson, apuntando a eventuales incumplimientos a la ley y la subejecución de políticas como el Plan Buen Vivir.
Desde la vereda contraria, la diputada Ericka Ñanco (RD), apuntó a una «interpretación amplia y antojadiza de las causales» por parte del Partido Republicano, «no dando cumplimiento a los requisitos mínimos» establecidos en la Constitución vigente. En consecuencia, responsabilizó a los acusadores de presentar un documento lleno de relatos «falsos», «inconexos» y «engañosos».
Mientras esa discusión se desarrollaba, la Democracia Cristiana (DC) anunció públicamente su voto en contra de la acusación constitucional. Dicho comportamiento fue imitado por otros diputados de oposición, como el independiente proDC, Felipe Camaño; los exDC Miguel Ángel Calisto y Joanna Pérez; y la integrante del comité proPDG, Erika Olivera.
En tanto, se abstuvieron Francisco Pulgar (exPDG), Camila Musante (independiente-proPC), Joaquín Lavín (UDI), Eduardo Durán (RN), Mónica Arce (independiente-proEcologista Verde) y Eduardo Durán (RN).
Al término, el diputado Eric Aedo (DC) afirmó que los fundamentos presentados poseían un carácter más bien político, lo que a su parecer distadel recurso que prontamente votará la Cámara de Diputados en contra de la extitular de Justicia y los Derechos Humanos, Marcela Ríos.
Finalmente, la diputada Clara Sagardía (ind-CS) sostuvo que la acusación constitucional finalizó de manera «correcta», dada la ya advertida ausencia de elementos jurídicos.
