A más de cuatro meses del plebiscito del 4 de septiembre y 30 días después de la suscripción del Acuerdo Por Chile por parte de las fuerzas con representación parlamentaria, el Congreso despachó la reforma que habilita la realización de un nuevo proceso constituyente en nuestro país. Lo hizo la Cámara de Diputadas y Diputados, que aprobó la iniciativa por 109 votos a favor, 37 en contra y dos abstenciones.
La ley, que deberá ser promulgada por el presidente de la República y publicada en el Diario Oficial, establece las bases para la creación de un Consejo Constitucional compuesto por 50 miembros, quienes trabajarán en base al anteproyecto que con anterioridad desarrollará, en un plazo de tres meses, un Comité de Expertos integrado por otras 24 personas, las que serán designadas por el Congreso e iniciarán sus labores el próximo 6 de marzo.
Dicho bosquejo, según se explicó, establecerá los lineamientos para la discusión que posteriormente deberán desarrollar los consejeros, quienes serán electos por sufragio obligatorio este 7 de mayo con la idea de iniciar sus funciones el 7 de junio siguiente.
A contar de esa fecha, los constituyentes contarán con cinco meses para elaborar una nueva Carta Magna con el apoyo de un Comité Técnico de Admisibilidad integrado por 14 juristas, quienes operarán como árbitros a cargo del resguardo «la neutralidad y el respeto de las bases institucionales», según explicó a principios de noviembre el presidente del Senado, Álvaro Elizalde. Con todo, se espera que el texto sea sometido a votación popular el 17 de diciembre de 2023 bajo la pregunta «¿Está usted a favor o en contra del texto de Nueva Constitución?».
Los énfasis
Dentro de quienes aprobaron el nuevo proceso constitucional en la Cámara de Diputados se encuentra el representante por el distrito N°13, Cristhian Moreira (UDI), quien además de apuntar a la «soberbia» de los «políticos jóvenes» que escribieron la fracasada propuesta anterior, fundamentó su voto en función de «la palabra empeñada».
También, llamó a la clase política a desarrollar un debate sensato y respetuoso.
Por su parte, el diputado por el distrito N°24, Marcos Ilabaca (PS), destacó la amplitud del debate realizado, el que a su juicio, demuestra un profundo entendimiento respecto de la necesidad «de solucionar las grandes fracturas que existen en el seno de la institucionalidad de nuestra democracia». Al mismo tiempo, criticó el «asedio permanente» efectuado por algunos sectores, a quienes acusó de dilatar y entorpecer la tramitación de la aprobada reforma.
Desde la vereda contraria, el representante por el distrito N°17, Francisco Pulgar (ind), cuestionó que «personas que no cuentan con la representación de la ciudadanía» hayan tenido la posibilidad «de intervenir y presentar proyectos» durante los cuatro meses en que fue discutido el proceso. Además, afirmó que la nueva Carta Magna «no va a solucionar los problemas» que hoy aquejan al país.
En tanto, Harry Jurgensen (RN), diputado por el distrito N°25, calificó de «ofensa a la inteligencia» lo relativo al Acuerdo por Chile, ya que a su parecer, debería ser el mismo Congreso el encargado de tramitar las reformas constitucionales. De paso, cuestionó a los partidos de derecha más proclives a un nuevo proceso.
Valoración central
A pesar de que el Gobierno fue apartado en algún momento de las negociaciones por una nueva Constitución, la ministra secretaria general de la Presidencia y representante del Ejecutivo en las conversaciones, Ana Lya Uriarte, valoró los «acuerdos políticos sólidos» que permitieron esta aprobación, a la vez que desdramatizó la existencia de parlamentarios detractores. Esto, a pesar de las críticas de algunos integrantes del comité del PPD e independientes proApruebo Dignidad.
En consecuencia, la autoridad política calificó lo ocurrido como un «triunfo de la democracia» y de quienes desean superar la Constitución de 1980.
Finalmente, el presidente de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic (PL), valoró la «tramitación en el tiempo acordado» del que será el segundo proceso constituyente de nuestro país, el que a su juicio permitirá «buscar un nuevo pacto social».
