Como un «triunfo» fue calificada la sentencia del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia que anuló las resoluciones de calificación ambiental (RCA) de dos centros de cultivo de salmones que la empresa Nova Austral busca trasladar hasta el Parque y Reserva Nacional Kawésqar. Aunque el proyecto contempla otros siete estanques dentro del mismo territorio, organizaciones y comunidades destacaron el establecimiento, a nivel judicial, de la necesidad de reevaluar los «impactos sinérgicos» sobre los objetos de protección prioritarios.
Se trata de un conflicto latente entre la pesquera a cargo de la iniciativa y las comunidades kawésqar y habitantes de la región de Magallanes. La vocería de los últimos fue asumida por organizaciones como la Interamerican Association for Environmental Defense (AIDA) y ONG FIMA, además de Greenpeace, quienes también patrocinaron la causa en tribunales.
En su conjunto, las entidades reclamaban que las evaluaciones efectuadas para los nueve centro de cultivos a trasladar, desde el Parque Nacional Alberto de Agostini, poseen evaluaciones ambientales deficientes, las que impiden descartar cualquier afectación, sobre el medio marino, el valor paisajístico y turístico de los espacios costeros y la relación de los grupos humanos pertenecientes a pueblos originarios con estos.
Dichas acciones judiciales fueron acogidas parcialmente, lo que dejó sin efecto los RCA para los centros de nombre Clarence 14 y 16. Para la abogada de ONG Fima, Macarena Martinic, la consecución de este fallo constituye un «puntapié inicial» para la detención de los nueve estanques de cultivo que hoy se busca relocalizar en la Reserva Nacional Kawésqar.
Una percepción similar compartió el director nacional de Greenpeace, Matías Asun, quien puso el énfasis en el valor ecológico de la zona en disputa.
Asimismo, el activista cuestionó que, siendo ya conocidos los impactos que la salmonicultura tiene sobre el medio marino, se vuelva a autorizar la llegada de una empresa que hoy enfrenta una querella del Consejo de Defensa del Estado por los delitos de fraude de subvenciones y responsabilidad penal por daños al medio ambiente. En consecuencia, Asun llamó al Gobierno a detener la expansión de esta industria pesquera en la Patagonia.
Finalmente, Leticia Caro, representante de los Grupos Familiares Nómades del Mar, afirmó que la sentencia demuestra que lo que plantean las comunidades «es real, que nuestro territorio no es compatible ni lo será con la industria salmonera, y que nuestros antiguos hoy nos ven desde las memorias del territorio».
