Un nuevo avance registró el proyecto de ley de reajuste salarial para los trabajadores del sector público, luego de que tanto la comisión de Hacienda como la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobaran el incremento, ahora diferido, de 12% en las rentas. Consecuentemente, será el Senado el que definirá el futuro del cuerpo legal, mientras el Ejecutivo buscará caminos para convencer a las dos organizaciones gremiales aún en disenso.
La tramitación comenzó cerca del mediodía de este miércoles, en una sesión de comisión realizada en paralelo a las movilizaciones efectuadas por una asociación gremial del Poder Judicial, representativa de fiscales, jueces y defensores públicos; y otra del sector de la salud, que agrupa a dentistas y médicos.
En general, ambas entidades reclaman una «discriminación» y un desincentivo «a los profesionales calificados que trabajan en el sector público (…) por vocación de servicio», motivado por la decisión del Ejecutivo de no aplicar el reajuste de 12% a la totalidad de los trabajadores, sino que solo a las rentas iguales o inferiores a $2 millones 200 mil. Quienes superen ese monto, es decir, el 11% del conjunto de empleados públicos, recibirán un pago fijo -y no proporcional-, de $264 mil.
Con ese telón de fondo, la comisión de Hacienda de la corporación aprobó y despachó a la Sala el proyecto, que ya había sido consensuado con 14 de las 16 asociaciones gremiales en diálogo con el Gobierno. En ese sentido, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, sostuvo que no les es «indiferente» alcanzar un buen acuerdo para suplir el alza en el costo de la vida.
En tanto, el consejero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y coordinador de la mesa del sector público, Carlos Insunza, enfatizó en que el acuerdo poseería un carácter «integral», que iría en consonancia con los avances en la implementación del convenio 190 de la OIT sobre igualdad de género y no discriminación, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, entre otras iniciativas.
¿Es suficiente?
La segunda sesión del día, la de Sala, comenzó con la petición del diputado republicano, Agustín Romero, de votar en particular los 30 artículos que contempla el proyecto. Así, resultó rechazado solo un artículo, el 69, que facultaba a los alcaldes a «eximir del control horario de jornada de trabajo a las funcionarias y a los funcionarios municipales».
No obstante, durante la discusión posterior reaparecieron los cuestionamientos expresados por las asociaciones gremiales disidentes, en tanto que se advirtió que un reajuste no igualitario podría generar una fuga de médicos hacia sector privado. Los cuestionamientos vinieron de parte del diputado por el distrito N°20, Félix González (PEV).
Aunque el diputado Gaspar Rivas (PDG) valoró que el reajuste no será aplicado a las altas autoridades del país, aseguró que este se queda «muy corto» si se considera que la inflación efectiva supera en 0,8 puntos al 12% planteado por el Ejecutivo.
Durante su turno, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, respondió a estos y otros cuestionamientos, para lo que detalló que, para el cálculo de este año, se sumó la diferencia de 6% entre la inflación proyectada en diciembre de 2021 y los números actuales del país, lo que permitirá cubrir posibles brechas a futuro.
Con todo, la iniciativa tuvo 106 votos a favor y 14 en contra, y sumó una nueva victoria en un camino que no ha sido fácil, ya que el Gobierno propuso inicialmente un reajuste para el sector público de 7,8%, el que posteriormente elevó 8,5% y, recién el jueves pasado, incrementó a 9,5%. Esta conducta más flexible tuvo réplica por parte de los gremios, que bajaron sus expectativas desde el 15% inicial a un 13,5%, y finalmente cedieron ante el 12% que, ahora, deberá ser aprobar o rechazar el Senado.
