Un nuevo ataque fue registrado durante la mañana de este martes en el sector de la Costanera que conecta Concepción con Chiguayante, Hualpén y Talcahuano, cuando desconocidos incendiaron una máquina que prestaba servicios en las obras de construcción del nuevo Puente Ferroviario. El acto, que fue reivindicado por simpatizantes de la causa mapuche, dio lugar a nuevas solicitudes en torno a la extensión del estado de excepción constitucional a la provincia.
El hecho tuvo lugar a eso de las 6:00 horas y a pocos metros del cerro Chepe de la capital regional, en una zona que no contaba con cierre perimetral. Tras acudir al llamado, los equipos de emergencia solo se encontraron con el vehículo siniestrado y con una pancarta que atribuía la quema a la «memoria de todos los caídos en manos del Estado chileno».
La situación generó impacto en la comunidad, que ya se encontraba en alerta a raíz de las acciones similares ocurridas en Tomé, hace tan solo cuatro días, y en Chiguayante, hace seis.
Por lo mismo, la delegada presidencial regional, Daniela Dresdner Vicencio, llamó a evitar de manera coordinada este tipo de acciones, a la vez que emplazó a las empresas a establecer «medidas preventivas mínimas» tanto para sus faenas como para sus trabajadores.
Por su parte, el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz Wörner, aseguró que este ataque va dirigido contra «el medio millón de personas» que viven al sur del río, en tanto que cuestionó la falta de acción profesional por parte de las autoridades «a cargo del orden y la seguridad pública». En esa línea, la autoridad llamó a revisar la posibilidad de extender el estado de excepción constitucional a la provincia.
Al ataque también se refirió el presidente de la Cámara de la Producción y el Comercio Biobío (CPC), Álvaro Ananías Itaim, quien lamentó que un hecho de estas características tuviera lugar «a solo a 800 metros de la Gobernación de la región del Biobío». Lo anterior, afirmó el representante, muestra que «esto se está descontrolando».
Medidas en debate
Las carteras regionales también entregaron declaraciones. Por ejemplo, el seremi de Obras Públicas, Hugo Cautivo Baltierra, puso el énfasis en mejorar tanto la coordinación como el traspaso de informaciones entre las instituciones públicas relacionadas con la seguridad. «No todos podemos tener un rol en el combate de la delincuencia, pero sí en la prevención», fue lo que sostuvo.
En coincidencia con su par, la seremi de Vivienda y Urbanismo, Claudia Toledo Alarcón, detalló que será revisada «la logística interna de las obras» bajo el objetivo de entregar una mayor sensación de seguridad a los vecinos y vecinas. Dicha acción incluiría tanto a las empresas contratadas como a las subcontratadas.
Desde el Congreso, el senador Gastón Saavedra Chandía (PS), lamentó la extensión, en el plano territorial, de acciones que calificó como «terroristas». Por ello, se sumó a los llamados a implementar el estado de excepción constitucional en el Gran Concepción y a designar un fiscal con «dedicación exclusiva» para la investigación de los ilícitos.
Finalmente, la diputada Marlene Pérez Cartes (UDI), calificó esta quema como un «ataque cobarde» que busca infundir «miedo en la gente». En esa línea, cuestionó al Gobierno por su «letargo» y por no aplicar la Ley Antiterrorista.
Cabe destacar que, en medio de ese debate, será la Policía de Investigaciones la encargada de dar con el paradero de los responsables de este nuevo ataque al norte de la llamada macrozona sur.
