Con el rector de la Universidad de Concepción (UdeC) como ponente, y en compañía de la senadora Yasna Provoste Campillai (DC) y otros representantes del Ejecutivo, fue realizado el seminario Financiamiento Futuro de la Educación Superior, organizado y transmitido de manera gratuita y por streaming por la Universidad de la Frontera (UFRO). Dentro de él fueron abordados los principales desafíos del sector, los que se centran en aumentar las regulaciones para todas las instituciones, extender la cobertura de la gratuidad, incrementar los recursos «per cápita» para los estudiantes de las universidades del G9, entre otros.
La instancia inició con la exposición del jefe del departamento de Financiamiento Estudiantil del Ministerio de Educación (Mineduc), Antonio Peñafiel, quien efectuó un breve repaso financiero. En él se afirmó, por ejemplo, que el sistema de educación superior actualmente posee una valuación cercana a los $5 billones, a los que se sumará el presupuesto del próximo año, que inyectará $3,18 billones, correspondientes a casi un 60% del total del sistema.
No obstante, explicó Peñafiel, dicho presupuesto 2023 se divide en 25 asignaciones, lo que a juicio del expositor produce una alta «dispersión». Por ello, extendió una invitación a «simplificar y focalizar» estos fondos en torno a los «objetivos estratégicos» trazados a nivel nacional.
Fuera de aludir a estas limitaciones, el asesor de gabinete de la Subsecretaría de Educación Superior, José Miguel Sanhueza, centró su ponencia en destacar que el presupuesto 2023 aumenta significativamente el Aporte Institucional a las Universidades del Estado (AIUE), así como el destinado a los Centros de Formación Técnica (CFT) estatales.
Luego, Sanhueza detalló parte del plan que el Gobierno ha diseñado para reconstruir «la educación superior pública, gratuita y de calidad» y superar «las lógicas de mercado instauradas en las últimas décadas». Dicha estrategia se articula en torno a cuatro puntos.
Habla la academia
Los problemas y desafíos de la educación superior, en tanto, comenzaron a ser abordados por el vicerrector de la UFRO, Jorge Petit-Breuihl, quien apuntó a la necesidad de «ampliar el rango de tiempo» de la ley de gratuidad. Además, se refirió a la implementación del sistema de aranceles regulados, al aumento de los costos transaccionales para las instituciones evidenciado durante los últimos años, la aplicación del artículo 48 de la Ley de Educación Superior sobre contratos a honorarios, entre otras temáticas.
Una de ellas, por ejemplo, es la «disputa» por los recursos que ocurre entre las universidades estatales y privadas.
Por su parte, el rector UdeC y presidente de la Red de Universidades Públicas no Estatales G9, Dr. Carlos Saavedra Rubilar, puso el énfasis en la disminución de «los aportes institucionales directos desde $175 mil millones a $162 mil millones» para el grupo de entidades que representa y, además, en extender «hacia afuera» las regulaciones que hoy rigen a las instituciones del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch).
Finalmente, el líder del G9 afirmó que como entidad esperan que la nueva Constitución «reconozca y ampare la función pública de las universidades reconocidas por el Estado», asegurando así sus autonomías académicas, administrativas y económicas. «Debemos construir», concluyó, «un sistema de alta calidad y que esté distribuido a lo largo de nuestro país».
