Tras conocerse la carta enviada desde el Gobierno Regional del Biobío a la Corte Suprema, solicitando que se revierta el traslado hacia Concepción del líder de la CAM, Héctor Llaitul, el Gobernador Regional, Rodrigo Díaz, recibió este viernes a la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, ANSOG.
En la cita, los funcionarios detallaron sus aprensiones frente a la medida, dado que, según indicaron, el penal penquista no reúne las condiciones para albergar a Llaitul durante su prisión preventiva.
“Los distintos dirigentes que me acompañan han venido a manifestarme su preocupación, porque la situación que implica esto es, en primer lugar, un riesgo para las personas que habitan fuera del recinto carcelario y también implica un problema para las personas que trabajan en gendarmería”, indicó el Gobernador.
La autoridad regional explicó además que “el resto de la población carcelaria ve disminuida la atención por un trato deferente… lo prudente es que esta persona esté detenida en otro recinto carcelario, fuera de las regiones que han tenido problemas producto de este movimiento”.
Asimismo, Rodrigo Díaz detalló que en Concepción no existen los medios necesarios para este tipo de cuidados. “Me parece que no es prudente traer a Concepción una fuente potencial de desorden”, agregó.
Por su parte, el suboficial Eduardo Riquelme, presidente Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, ANSOG, señaló que “vinimos a evidenciar la precariedad con la cual Gendarmería de Chile sigue cumpliendo sus funciones. Como trabajadores penitenciarios, tenemos la obligación de desarrollar ideas y exponer ante la sociedad las precariedades con las cuales Gendarmería realiza su labor”.
Riquelme además expuso el protocolo firmado por el director regional de la Novena Región, donde compromete, el día 17 de agosto, “medidas completamente ilegales para un sector de la población penal versus otro. Este protocolo -que se firmó para la unidad de Angol- perfectamente puede ser abordado por el interno que acaba de entrar a la unidad penal concesionada del Biobío, esa es la preocupación que manifestamos. La unidad concesionada del Biobío desde hace mucho tiempo funciona con falencias estructurales”.
Finalmente, el suboficial Eduardo Riquelme pidió “empatía por parte de las autoridades, que el Poder Judicial permita darle una priorización al régimen carcelario para respetar los derechos humanos de todas y todos, principalmente los 45 mil internos a nuestro cargo”.
