Este jueves comenzó la audiencia de formalización en contra del líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, detenido este miércoles por la PDI en Cañete.

El fiscal del Ministerio Público expuso los antecedentes de la detención, señalando que éstos se basan en el escrito presentado por el fiscal regional Roberto Garrido, con cinco hechos de imputación; tres referidos a la Ley de Seguridad del Estado, una “usurpación y atentado a la autoridad ocurrida en febrero de 2021 en el predio San Sebastián en Victoria”, y una “de usurpación, hurto de madera y atentado a la autoridad, ocurrida en la forestal Cautín ocurrida en 12 de marzo de 2021”.

Por su parte, el abogado Rodrigo Román, defensa de Llaitul, solicitó declarar ilegal la detención, a lo que se opuso el Ministerio Público y el abogado querellante del Ministerio del Interior. Con esto, el Tribunal declaró “ajustada a derecho la detención del imputado”.

En la audiencia se presentaron una serie de audios de conversaciones de Llaitul, en las que reconoce estar “madereando”, aludiendo a hechos de robo de madera, además de referirse a enfrentamientos con Carabineros. Junto a esto, usando georeferenciación de un teléfono celular, se logró situar a Llaitul en el lugar de uno de los delitos.

Así, y tras una extensa lectura de los cargos que se le imputan a Llaitul, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva contra el imputado, lo que fue apoyado por el abogado querellante del Ministerio del Interior, Ignacio Sapiain.

Finalmente, el abogado defensor de Llaitul, Rodrigo Román, cuestionó la invocación de la Ley de Seguridad del Estado y recordó casos donde se ha invocado esta norma, como el del profesor que fue imputado por daños en el Metro en una manifestación en el contexto del estallido social de 2019.

Román, quien fue defensor de Daniel Canio Tralcal en 2020, acusó que había una “clara persecución política” contra su defendido. “No hay aquí afectación a la estabilidad de la República o del gobierno de turno”, señaló.

Prisión Preventiva

Al finalizar la audiencia, que duró casi seis horas, la jueza Leticia Rivera Reyes, del Juzgado de Garantía de Temuco, decretó un plazo investigativo de 30 días.

Además, la jueza Rivera ordenó que el comunero mapuche cumpla la medida cautelar en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Biobío, en Concepción.