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El martes 2 de agosto, en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, se continuó con la discusión en particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, además de regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social.

En aquella sesión, el Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, presentó una serie de indicaciones al proyecto de ley. Una de ellas propone agregar a la Ley 20.000 “factores objetivos para la diferenciación entre tráfico y consumo” de drogas.

Así, el Artículo 4 bis, propuesto por el Ejecutivo y expuesto por el Subsecretario Monsalve en la sesión, introduce seis criterios objetivos para que los Tribunales de Justicia puedan distinguir entre el tráfico a gran escala, microtráfico y personal.

En la misma sesión, la diputada Ana María Gazmuri valoró la intención del Gobierno respecto del fortalecimiento de la política contra el narcotráfico y crimen organizado. Sin embargo, comentó que los criterios propuestos por el ejecutivo en el artículo 4° bis para diferenciar a usuarios de narcotraficantes aportan mayores elementos para evitar la condena, pero no eliminan la criminalización.

La parlamentaria, además, recordó que la gran mayoría de usuarias y usuarios detenidos han sido sobreseídos, y además con costas a la Fiscalía.

Cabe señalar que la diputada Gazmuri es creadora de la Fundación Daya, en 2013, organismo que busca “dar respuesta a la creciente necesidad de acceso a nuevas terapias que busquen aliviar el sufrimiento humano”. Gazmuri además fue directora de esta Fundación hasta llegar al Parlamento, en 2022.

Uso medicinal del cannabis en Chile

Tras obtener su personalidad jurídica en 2014, la Fundación Daya se convirtió en una organización pionera en el uso medicinal del cannabis y sus derivados en Chile, mediante la creación del primer Centro Médico Cannábico de Latinoamérica, contando con médicos y terapeutas calificados.

De acuerdo a Francisca Gaete, Directora Ejecutiva de Fundación Daya, en Chile “actualmente existen múltiples alternativas para que las y los pacientes puedan acceder a un tratamiento con medicina cannábica, pues existen diferentes centros médicos”.

En cuanto a las cifras, Gaete indica que Fundación Daya recibe más de 1.200 pacientes mensuales, quienes deben solicitar una consulta con un médico especialista y, tras recibir una receta, las personas pueden tomar dos opciones: acudir a farmacias especializadas o cultivar sus propias plantas. “En caso de optar por el autocultivo del cannabis, lícito en Chile, las y los pacientes deben poseer su ficha clínica, sus controles clínicos al día y su receta”, agrega.

Para Francisca Gaete, el aumento de la demanda de este tipo de tratamientos tiene directa relación con los resultados obtenidos en ellos, disminuyendo sintomatologías y efectos secundarios de tratamientos específicos como la quimioterapia y la radioterapia, entre otros.

Otra organización destacada en el uso medicinal del cannabis es “Mamá Cultiva”, agrupación surgida desde Fundación Daya, que reúne principalmente a personas cuyos hijos requieren tratamientos paliativos para enfermedades como la epilepsia refractaria.

Para Simón Espinosa, periodista y fundador de En Volá, el medio de comunicación cannábico más visto en español, hay que diferenciar entre los pacientes medicinales y los pacientes terapéuticos: los primeros serían aquellos que cuentan con un tratamiento indicado por un profesional especializado, sufren de enfermedades graves como cáncer o epilepsia y cuentan con una receta médica, mientras que los últimos serían quienes usan el cannabis para tratar enfermedades o dolencias crónicas menores, como el insomnio o dolores reumáticos.

“Por causa de la prohibición, de la estigmatización y persecución de los cultivadores de cannabis, este uso terapéutico se mantiene más bien en secreto, sin cifras oficiales más que algunos testimonios”, explica Espinosa.

Por otro lado, también están los llamados dispensarios: asociaciones de pacientes cannábicos, con prescripción médica, que delegan en un tercero la responsabilidad y derecho a cultivar cannabis para su uso. El principal de ellos es el Dispensario Nacional, la primera asociación de cannabis medicinal constituida en Chile, en 2016.

Precisamente, este 2 de agosto, el mismo día en que sesionaba la Comisión de Seguridad del Senado, el fundador y presidente de la Asociación Dispensario Nacional, Luis Quintanilla, fue detenido y puesto en prisión preventiva por el cultivo de cannabis.

Riesgos asociados al consumo

Francisca Gaete sostiene que los principales riesgos asociados al consumo del cannabis están relacionados con diversos factores, principalmente, “la falta de educación e información, no solo a nivel ciudadano, sino también en las instituciones que legislan, regulan y fiscalizan su uso en Chile”.

Simón Espinosa explica que, al igual que otras sustancias como la cafeína, el azúcar, el tabaco y los fármacos opioides, entre otros, el consumo de cannabis tiene riesgos asociados.

En ese sentido, detalla que “la inhalación de humo es mala para la salud en general, independiente que sea un cigarrillo de tabaco o de marihuana”, pero además se destaca el peligro que puede generar este uso en menores de edad o personas que aún no han terminado de desarrollar su sistema nervioso central.

Por otro lado, desde la Fundación Ciencias para la Cannabis, organismo sin fines de lucro que busca promover y desarrollar las ciencias relacionadas con las especies vegetales del género Cannabis, Ximena Steinberg, parte del equipo de peritajes judiciales de la fundación y perito bioquímica de la Defensoría Penal Pública, indica que hay estudios que han intentado establecer una dosis letal de Tetrahidrocannabinol o THC, el componente psicoactivo más importante del cannabis, en el organismo.

Steinberg señala que, hasta ahora, solo se ha experimentado con animales mientras que en humanos, si bien puede haber intoxicaciones, no se ha podido establecer una dosis letal de cannabis, básicamente porque no hay registros de ningún caso.

En ese sentido, la especialista explica que, en general, el cannabis que se consume de forma recreativa contiene una concentración de THC que no supera el 10%. Considerando que los experimentos en ratas establecen que la dosis letal de THC equivale a 6,7 gramos de cannabis por kilo de peso, para que una persona de 70 kilos de peso tenga una dosis letal necesitaría inhalar de una vez entre 70 y 210 gramos de cannabis, “algo prácticamente imposible”.

Francisca Gaete agrega otro riesgo: el narcotráfico. Las políticas restrictivas, señala, no solo potencian el crecimiento de este mercado desregulado y pone en peligro a los mismos usuarios, “ya que desconocen las alteraciones y la calidad de lo que están consumiendo. Sin regulación, es imposible frenar el narcotráfico”, enfatiza.

Guerra a las drogas

Gaete agrega que existe consenso mundial en que la llamada política de “guerra a las drogas” ha fracasado, “porque ha puesto el foco en la oferta y no en las necesidades de los usuarios”.

Además, agrega, “si el Estado controla, escucha y se hace cargo de las demandas de los usuarios, pierde poder el crimen organizado”.

Simón Espinosa coincide en que el combate al narcotráfico no ha funcionado y el consumo de drogas, además del cannabis, lejos de disminuir ha aumentado. “Si Senda o Carabineros fueran una empresa, estarían todos despedidos”, critica.

El periodista expone que si se despenaliza el consumo de cannabis, y se regula el mercado del mismo, “se le quitan insumos de venta” al narcotraficante y se protege a los usuarios. Además, agrega que ya no se considera a la marihuana como “una puerta de entrada a otras drogas, sino que el mismo narcotráfico y la prohibición abren la puerta a otras sustancias”.

Edgardo Mendoza, psicólogo comunitario, experto en uso de drogas y psicoterapéutica con psicodélicos, director de Proyecto Epicuro, área de reducción de daños, mitigación de riesgos y gestión del placer de Fundación Ciencias para la Cannabis, sostiene que para el narco la marihuana no es la droga más rentable, sobre todo por el uso medicinal regulado y la posibilidad de auto cultivar.

Sin embargo, una eventual regulación impactaría directamente en “la calidad del producto, lo que permitiría un consumo más seguro”. Además, Mendoza sostiene que experiencias internacionales comparadas muestran que luego de regular el uso del cannabis, se comienzan a regular otras sustancias “que sí impactan en los grandes mercados del narcotráfico”.

Nueva Constitución

Bajo la consigna “¡Cannabis a la Constitución ahora!”, un conjunto de personalidades, organizaciones cannábicas y comunidades de pacientes y usuarios, presentaron una Iniciativa Popular de Norma Constitucional destinada a consagrar en la nueva carta fundamental el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la soberanía personal y el bienestar.

Si bien la iniciativa no prosperó directamente, sí se aprobaron algunos aspectos que contenía el texto respaldado por más de 15 mil personas. “Lo que buscamos es que exista una mayor base constitucional explícita para la promulgación de leyes en torno a la política de drogas que respete los derechos de usuarios y usuarias de nuestro país”, dice Francisca Gaete, Directora Ejecutiva de Fundación Daya.

Para Ximena Steinberg, de la Fundación Ciencias para la Cannabis, mientras el Ministerio Público y las Policías no ajusten su conducta al espíritu de la ley, que aboga por la libertad de los individuos, y sigan enfocándose en los aspectos punitivos del uso del cannabis, no habrá mucha diferencia en la práctica.

“El problema no está ahí”, argumenta y destaca que la propuesta de nueva Constitución reconoce que tenemos un vínculo indisoluble con la naturaleza, y esto incluye “plantas con poder psicoactivo, con características y poder psicodélico”.

Finalmente, Steinberg valoró que el proyecto también incorpore el reconocimiento del Estado a la espiritualidad individual y colectiva como elemento esencial del ser humano, lo que implicaría resguardar el derecho a utilizar el cannabis y otras plantas en ceremonias o rituales religiosos.