El primer inciso del artículo 44 del proyecto de nueva Constitución propone que “Toda persona tiene derecho a la salud y al bienestar integral, incluyendo sus dimensiones física y mental”.
Además, se le otorga un rol potente al Estado, al establecer que éste tiene que “proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible” y que es su deber “velar por el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones públicas”.
Al respecto, la Dra. Mercedes Carrasco Portiño, académica del Departamento de Obstetricia y Puericultura de la Facultad de Medicina UdeC, sostuvo que “actualmente en nuestro país tenemos sólo un artículo en la Constitución que de alguna manera vela por la protección y el derecho a elegir el sistema de salud”, agregando que la propuesta considera un acceso “universal, público e integrado”.
Uno de los cambios incorporados se vincula a la creación de un Sistema Nacional de Salud que “podrá estar integrado por prestadores públicos y privados”, “financiado a través de las rentas generales de la nación” y que “incorpora acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, habilitación, rehabilitación e inclusión”.
En ese punto, la especialista aclaró que lo anterior no significa el fin de las prestaciones privadas por medio de las clínicas.
En relación al Sistema Nacional de Salud se especifica además que “la ley podrá establecer el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadoras, empleadores, trabajadoras y trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. La ley determinará el órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos de este sistema”, lo que en la práctica, y aunque no sea explícito, se traduce en el fin de las Isapres, al menos como las conocemos hoy.
La investigadora explicó que este nuevo modelo representaría “un cambio progresivo, así como ha sido en otros países”, por lo que “vendría siendo un seguro complementario, pero el gran sistema nacional cubriría la mayor cantidad de prestaciones y necesidades de salud de la población”.
Cabe destacar que la propuesta también contempla otros aspectos, como por ejemplo que “el Estado generará políticas y programas de salud mental destinados a la atención y prevención con enfoque comunitario y aumentará progresivamente su financiamiento” y que “los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales, a mantener sus prácticas de salud y a conservar los componentes naturales que las sustentan”.
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