Por 100 votos a favor, 19 en contra y 13 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la extensión por quince días del estado de excepción constitucional de emergencia que rige en la Región de La Araucanía y en las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío.
Votos cruzados y un áspero debate marcaron la sesión, con parlamentarios oficialistas votando en contra de la propuesta del Gobierno, y viceversa. Entre los votos de rechazo a esta extensión figuran nuevamente las dos diputadas de Apruebo Dignidad en Biobío: María Candelaria Acevedo y Clara Sagardía.
Entre las diputadas que intervinieron en la sesión estuvo la representante del Distrito 21 Joanna Pérez (DC), quien estimó necesario avanzar en la creación de una comisión investigadora del actuar del Gobierno en la macrozona. Además, si bien apoyó la medida, solicitó que desde el Ejecutivo se respalde el proyecto de resguardo de infraestructura crítica.
Su par Catalina Pérez (RD), señaló que existe “la oportunidad histórica de avanzar en la solución del conflicto” y destacó la disposición de las comunidades, los avances del proceso constituyente y el Plan Buen Vivir. Sin embargo, remarcó que “para eso necesitamos las rutas despejadas”.
También respaldó la medida Andrés Jouannet (IND), diputado por la Región de la Araucanía. En su intervención afirmó que el “responsable político de los niveles de violencia que hemos alcanzado” es el expresidente Sebastián Piñera. Adicionalmente, solicitó al Ejecutivo más atención al funcionamiento de los gobiernos regionales, mayor equipamiento en la zona, tanto en seguridad como en personal, y más inversión.
Quienes se manifestaron en contra fueron las parlamentarias mapuches Emilia Nuyado (PS) y Ericka Ñanco (RD). Ambas volvieron a insistir en la necesidad de diálogo con las comunidades y no la militarización del territorio e hicieron un llamado a la pronta aplicación de los planes para mejorar la calidad de vida en la zona.
Sorpresivamente, desde los partidos de derecha hubo voces en contra de esta iniciativa. La diputada Gloria Naveillan, del Partido Republicano, aseguró que “no se ha atacado el problema de fondo como corresponde”. Criticó que solo se cubran algunas rutas y no se detengan a las “guerrillas” y aseguró “no estar dispuesta a renovar un chiste”.
En una línea similar estuvo Francisco Undurraga (Evópoli), quien cuestionó la “acotada voluntad” del Gobierno para hacer valer el estado de derecho. Llamó también a poner en el centro la seguridad, integridad y vida de las personas y a que se hagan responsables si es que ocurren nuevas muertes.
En la sesión estuvieron presentes las ministras del Interior y de Defensa, Izkia Siches y Maya Fernández, respectivamente.
Tras el debate, la ministra Siches volvió a manifestar el compromiso del Gobierno con las soluciones de fondo. “No nos vamos a limitar en atacar los síntomas”, aseguró, poniendo énfasis en el desarrollo del Plan Buen Vivir.
Junto a eso, detalló cifras que demostrarían la eficacia del estado de excepción en la macrozona sur. Destacó un refuerzo en los patrullajes y controles, el despliegue de más de mil 300 efectivos de las FF.AA. y cerca de mil operativos. Esto, junto a la reducción de los hechos de violencia que en algunas zonas llegaron al 70%.
Además, comprometió el apoyo del Gobierno a los procesos de cosecha y mejorar las capacidades de investigación de la Fiscalía y la PDI. En lo legislativo, anunció indicaciones al proyecto que sanciona el robo de madera.
Por su parte, la ministra Fernández detalló el trabajo de las FF.AA. en la zona y dejó la puerta abierta para recibir todas las consultas de las y los parlamentarios en las comisiones técnicas de la Cámara, sobre materias sensibles de ser comunicadas en público.
