Solicitar una sesión especial para analizar las medidas de regulación ambiental que requiere el cordón industrial de la bahía de Quintero Puchuncaví Concón, fue la decisión que adoptaron los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, luego de analizar junto al alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales y la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, la situación actual.

En concreto, la instancia convocó a las citadas autoridades para conocer mayores antecedentes respecto de cómo los episodios de intoxicaciones producto de emisiones de distintos contaminantes, se han ido intensificando desde el 6 de junio a esta parte. Ello considerando que en dicha fecha, la fundición y refinería Ventanas de Codelco paralizó sus operaciones.

Cabe mencionar que el viernes 14, el directorio de la estatal decidió, en una sesión extraordinaria, cerrar de manera progresiva, pero definitiva, la citada fundición. La noticia la dio a conocer el presidente Gabriel Boric, tras lo cual los trabajadores de Codelco anunciaron movilizaciones a nivel país.

La decisión fue cuestionada por el alcade Morales quien manifestó que “se debe fortalecer la institucionalidad ambiental invirtiendo en los procesos tecnológicos. Esta medida debió involucrar a los diversos actores. No se socializó la decisión con el municipio ni con la comunidad. Esto no podían pagarlo los trabajadores. Nos enteramos por la prensa y nos extraña que el plan de cierre cueste 10 veces más que la inversión que se pedía para cumplir con las normas medioambientales”.

Al respecto, los congresistas consultaron al edil la retroalimentación que ha tenido del Ejecutivo frente a sus demandas –la autoridad elaboró un petitorio de 15 propuestas-, la reacción que ha tenido de parte de los trabajadores tras la noticia y el rol que ha cumplido la municipalidad para aplicar una de sus facultades que le permite solicitar el retiro de empresas contaminantes.

Tras ello y respecto a cómo el ministerio de Medio Ambiente participará del plan de cierre, la titular de la cartera manifestó que “existe el Programa de Recuperación Ambiental y Social (PRAS) en Quintero Puchuncaví que tiene 120 medidas de carácter medio ambiental y social. Vamos a pedir más fondos a la Dirección de Presupuestos (Dipres) para concretar mucho de lo que solicita el alcalde. En este programa, junto a los ministerios de Economía y Trabajo, vamos a tomar parte de la mesa de transición justa de los trabajadores contratistas que prestan servicios en las áreas de aseo, seguridad, alimentación y mantención. Se trata de 350 empleados que participarán del proceso de cierre de 5 años”.

Consultada sobre las consecuencias que tendría el efecto de la fundición en la contaminación de la zona, la ministra Rojas aseguró que “hablamos de un polo industrial donde están emplazadas 20 empresas. El primer episodio de intoxicación se debió a compuestos orgánicos volátiles. El siguiente correspondió a dióxido de azufre que en un 62% corresponde a la fundición. Los otros casos han sido por la emanación de ácidos sulfídricos de las alcantarillas. Las emisiones están regladas desde fines de 2019. Las empresas cumplen, pero el plan no evita el riesgo de intoxicación aguda”.

Por lo pronto, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Paulina Nuñez, insistió en la urgencia de la problemática que a su juicio tiene una doble arista: medio ambiental y laboral. “Creo que a problemas extraordinarios deben darse soluciones extraordinarios. Si existe un PRAS para la zona y el alcalde nos dice que los fondos no son suficientes, deben encontrarse los recursos necesarios, tal vez con otra herramienta”, hizo ver.

En tanto, el senador Francisco Chahuán criticó la decisión de Codelco planteando que “al cerrar y no invertir se está pensando en la solución fácil. Además no hay que olvidar que la empresa tiene la obligación de contribuir a la refinación del trabajo de los pequeños pirquineros de Valparaíso, Coquimbo y Atacama. Aquí se muestra una falta de compromiso con los trabajadores, los subcontratistas y las familias asociadas. Codelco debe hacerse cargo de la remediación ambiental”.

Por su parte, el senador José Miguel Durana recordó la sesión de la Comisión de Minería y Energía de la semana pasada, donde los congresistas recibieron a los dirigentes de Codelco Ventanas. “Me gustaría saber qué piensa el alcalde respecto de lo que nos plantearon los trabajadores. Ellos indicaron que un cierre solo generaría cesantía y que existe un incumplimiento por parte de la empresa a la hora de cumplir con el plan de inversiones descontaminantes”, planteó.

En tanto, el senador Juan Ignacio Latorre reconoció que “la inversión ya está hecha: Codelco ya puso 150 millones de dólares para descontaminación. La evidencia indica que para tener una fundición que no amenace la salud de la población, se requerirían mil millones de dólares y una nueva planta se demoraría entre 4 y 5 años. Efectivamente, existe un convenio entre Codelco y las pequeñas empresas mineras, pero no son solo pequeños pirquineros, sino que hay empresas de mayor tamaño”.

Más allá de los matices sobre el cierre de la fundición, los parlamentarios coincidieron en la necesidad de poner urgencia a la tramitación del proyecto que establece delitos en contra del medio ambiente, que se encuentra en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

También se comprometieron a hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos adoptados por el Ejecutivo respecto a las demandas planteadas por la autoridad edilicia.