En enero pasado, la fundación Katy Summer, dedicada a la promoción de la salud mental y la prevención del suicidio a través de la formación de futuros actores y denunciantes ante este tipo de situaciones; publicó los resultados del «Segundo estudio de percepciones de jóvenes de 15 a 29 años del territorio nacional de Chile: Acoso y salud mental 2021», el que aplicó a 3.818 personas un cuestionario digital diseñado por expertos de las áreas de psicología y psiquiatría. El instrumento, que fue validado por el Comité de Ética de la Universidad del Desarrollo (UDD), recoge elementos desde cuatro cuestionarios con relevancia académica.
Dentro de sus principales resultados, se destaca que el 47% de los jóvenes chilenos en dicho rango etario declara haber sido acosado virtualmente al menos una vez en los últimos tres meses, y de ellos, un 38% declaró presentar síntomas asociados a la depresión. Las formas de ciberacoso más frecuentemente reportadas guardan relación con apariencia personal (43%), violencia en relaciones de pareja (30%), opinión política (33%), pertenecer a alguna etnia originaria (28%), orientación sexual (27%), país de origen (20%) y discapacidad (5%).
En ese sentido, Emanuel Pacheco, director ejecutivo de la organización que hoy lleva el nombre artístico de su hijastra, quien terminó con su vida tras un episodio de cyberbullying que involucró a su comunidad escolar; explicó que al comparar la medición de 2020 con la de 2021, los afectados por ciberacoso aumentaron de un 49% a un 52% dentro del grupo de 15 a 29 años, mientras que los grupos superiores demostraron una baja significativa.
Asimismo, el ingeniero comercial y coach ontológico detalló que un 56% de las víctimas de este tipo de violencias son mujeres, y que un 23% se identifica como persona LGBTIQ+. Este último grupo, explica, es uno de los afectados más transversalmente por el ciberacoso.
Cabe destacar que ante un evento de ciberacoso, un 9% de los jóvenes encuestados declaró «decirle una autoridad de mi lugar de estudio o trabajo», un 5% «decirle a mis padres» y solo un 1% «denunciar a una entidad pública (PDI, fiscalía, otros)». Siguiendo al director ejecutivo de la fundación Katy Summer, los establecimientos educacionales presentan bajas tasas de reporte debido a que la ley «no identifica formas de denuncia explícita» y a que los casos por lo general quedan en manos de protocolos internos.
«Hay muchos procesos de denuncia que no son claros. Los jóvenes tienen miedo, porque no son anónimos y sienten que al hacerlos no pasará nada. Además, los casos presentados ante entidades públicas son aún más complejos, dado que la Superintendencia de Educación recibe situaciones que más bien tienen que ver con faltas del colegio a sus propios protocolos», precisó al respecto el cofundador de la organización sin fines de lucro.
Así, Emanuel Pacheco recomendó para el abordaje general de las situaciones de ciberacoso, en primer lugar «escuchar a la persona que está narrando la historia» y ayudarla a estructurar esa vivencia de tal manera que «no deba contar demasiadas veces lo que está viviendo, dada la posibilidad de revictimización». Por la parte del agresor, agrega el coach ontológico, debe entenderse que «la solución no está en expulsar a quienes están haciendo bullying, sino que en entender por qué lo hacen, qué lo gatilla y qué ocurre dentro de ellos y ellas», para de esa manera prevenir, contener o guiar este tipo de conductas.
Protocolo universitario
Tal como reflejan los datos, las personas que sufren de violencia sistemática suelen desarrollar cuadros depresivos, sintomatología ansiosa, estrés postraumático, entre otros trastornos. Estas condiciones basales, explica la subdirectora de Equidad de Género y Diversidad UdeC (DEGyD), Dra. Maruzzella Valdivia Peralta, disminuyen las herramientas que el afectado posee para afrontar exitosamente nuevos episodios.
Es por lo mismo que la Universidad de Concepción ha desplegado su propio protocolo de actuación ante las conductas constitutivas de acoso sexual, violencia de género y discriminación dentro del campus, ya sea por razón de sexo, identidad, expresión de género u orientación sexual. Este procedimiento, explica la Dra. en Ciencias de la Salud, opera de la misma manera tanto en contextos online como offline.
En ese marco, la Dra. Valdivia Peralta destacó que la casa de estudios además se encuentra realizando talleres y cursos sobre buenas prácticas de género y diversidad dirigidos a las diferentes carreras y reparticiones de la universidad, los que otorgan oportunidades tanto a sus estudiantes como a sus trabajadores.
Finalmente, la subdirectora de la DEGyD llamó a los educandos a «siempre denunciar» ante este tipo de situaciones, ya que dicha acción no solo permite la apertura de una investigación cuyas sanciones van desde la anotación hasta la expulsión del agresor, sino que además posibilita la entrega de otros apoyos. «Consideramos las consecuencias que la violencia puede desencadenar a nivel emocional, por lo que el tener el apoyo de un psicólogo especializado es fundamental en estos casos», concluyó la autoridad universitaria.
Hablar de todo
Los significados que se desprenden de la revuelta social de 2019, los efectos de la pandemia en la salud mental y la extensión de la violencia digital en nuestro país son algunos de los nuevos aspectos que abordará la décima Encuesta Nacional de la Juventud. Lo anterior, debido a que tanto el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) como otras instituciones afirman que los episodios de violencia, tanto en contextos online como offline, han aumentado tras el retorno a las clases presenciales.
«No estábamos habituados a compartir con personas distintas a nuestro núcleo familiar, por lo que esta vuelta a la presencialidad nos ha enseñado que no solamente se debe coordinar lo relativo a la educación y la salud, sino que también aquello que es importante para los jóvenes dentro de sus distintos ámbitos de interacción y que permite generar espacios seguros», detalló al respecto la directora nacional del organismo, Renata Santander Ramírez.
Para apoyar los distintos procesos humanos, Injuv reforzó los contenidos y herramientas disponibles en su plataforma Hablemos de Todo, la que posiciona y aborda, a través de información validada por organismos técnicos, una serie de temáticas de interés juvenil, como lo son la salud mental, la violencia hacia las juventudes, la dietética, los hábitos de vida saludable, la vacunación contra el COVID-19, entre otros. También, la iniciativa cuenta con un chat que opera de lunes a viernes, el que permite dialogar con profesionales que otorgan «información certera respecto de cada uno de estos asuntos».
En ese sentido, Santander Ramírez detalló que si bien esta primera etapa de la plataforma contempla un contacto directo con la persona solicitante, destinado a contener y encontrar junto con un profesional las respuestas a sus problemas y dudas; Injuv se encuentra trabajando junto con Hospital Digital en el asentamiento de un canal que permite derivar a los afectados a sus centros de atención primaria más cercanos. De esta manera, se podría «coordinar una atención permanente a través de profesionales de las áreas de psicología y psiquiatría».
Nueva Constitución
La problemática de la violencia digital también fue recogida por la Convención Constitucional a través de su comisión de Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios. Así, tras la votación de sus normas se consagró, en la propuesta de borrador, el derecho de toda persona a «participar de un espacio digital libre de violencia. El Estado desarrollará acciones de prevención, promoción, reparación y garantía de este derecho, otorgando especial protección a mujeres, niñas, niños, jóvenes y disidencias sexogenéricas». El mismo artículo precisa, además, que tanto las obligaciones como las condiciones y límites relativos a esta materia serán determinados por ley.
Si bien lo aprobado es loable y deseable para el académico del Departamento de Derecho Privado de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), Dr. Carlos Amunátegui Perelló, este cuestiona desde un punto de vista jurídico cómo se define un espacio libre de violencia digital. «Por el contexto de la disposición, pareciera que se estuviera pensando más bien en la no discriminación. El problema es que hay muchas otras instancias no consignadas que no se relacionan con actos discriminativos, como lo son el ataque político, las amenazas, las injurias, calumnias, entre otros», detalló al respecto el especialista.
En esa línea, el investigador apuntó tanto al enfoque estatista como al rango constitucional otorgado a la norma, dado que actualmente existen otros instrumentos que pudieron ser reforzados para tal fin, como es el caso de la Ley de no discriminación o Ley Zamudio. Así, el investigador advirtió sobre un posible riesgo de conflicto a nivel jurídico y sobre el escaso diálogo entre este articulado y otros conceptos clave, como los de privacidad y las libertades de expresión, prensa y acceso a la información.
Probablemente, advierte el Dr. Amunátegui Perelló, se requerirá de un extenso desarrollo legislativo e interpretativo para abordar aquellos puntos aún sin definir. «Salvo que este tema sea clarificado a través de una ley, podría quedar como letra muerta», concluyó.
En ese sentido, el académico considera más adecuado tratar la problemática desde la equivalencia, lo que implicaría establecer que una persona posee los mismos derechos y deberes tanto en el espacio digital como en el físico, en coincidencia con lo planteado con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
