A la espera que el Ejecutivo presente un plan para actualizar la codificación de las prestaciones que no se encuentren aranceladas, están los integrantes de la Comisión de Salud del Senado, quienes supeditaron a dicha acción el despacho a Sala, del proyecto que regula el precio de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico, así como la obligatoriedad de informarlo públicamente.
Solo restan algunos artículos de la propuesta en primer trámite para que concluya la tramitación en esta instancia. En la última sesión, se debatió con el asesor legislativo del Ministerio de Salud, Jaime Junyent, los puntos pendientes que había hecho ver el Ejecutivo.
Un tema que se tomó gran parte de la sesión fue el referido a la codificación de los exámenes. El primer artículo transitorio establece que «el primer año de vigencia de la ley, la Superintendencia de Salud deberá informar la codificación de todas las prestaciones que no se encuentren aranceladas, homologando con las prestaciones ya incluidas en el arancel Fonasa Modalidad Libre Elección (MLE) otorgando un único código para su identificación».
Los senadores Francisco Chahuán (presidente de la instancia), Ximena Rincón, Juan Luis Castro y Felipe Kast coincidieron que «no puede darse un año al Minsal para realizar esta tarea pendiente históricamente».
En esa línea, abogaron por actualizar –en un plazo máximo de 180 días- la codificación porque «los exámenes antiguos no están consignados ni los nuevos, y esto afecta directamente el costo de las prestaciones».
El senador Castro enfatizó en que «esta falla incide en el endeudamiento de los pacientes y es una barrera de acceso a la salud», mientras que su par Rincón comentó que «esto es urgente, no se puede seguir esperando la buena voluntad de un Gobierno por muy difícil que sea arancelar».
Asimismo, el senador Kast hizo ver que «falta que venga la autoridad política para que se tome una decisión porque este problema habla de la ausencia del Estado».
Finalmente, la Comisión decidió mandar un oficio a Fonasa para que revise los estudios de los efectos que ha generado el problema de la desactualización arancelaria. Chahuán manifestó que «esperamos tal oficio para despachar este proyecto, de lo contrario no lo haremos».
En otro tema, la autoridad manifestó la pertinencia de perfeccionar el artículo que establece que «en ningún caso, un mismo prestador podrá cobrar precios distintos a dos personas por una misma prestación en iguales condiciones». Frente a ello, se decidió precisar que se trata de un prestador institucional y se permitió que existan diferencias frente a criterios objetivos como horario de atención.
Respecto al precio de los exámenes, Junyent explicó que «no es nuestra política fijar precios a través de una banda. Preferimos que el mismo prestador determine el precio mínimo y máximo pero que entre ambos, no puede haber una diferencia mayor a 2,5 veces».
