Por: Alejandra Vera González – Edición de Audio: Esteban Garrido.

El pasado 3 de marzo se confirmó el primer caso de coronavirus en Chile y, desde entonces, hay un discurso claro de parte de las autoridades. 

Lo dijo el Presidente Sebastián Piñera:

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza:

Lo recalcó Jaime Mañalich, el ministro de Salud:

Y también Izkia Siches, la presidenta del Colegio Médico: 

Una recomendación que, al igual que en el resto del mundo, busca disminuir los contagios, pero que resulta totalmente impracticable para las familias más vulnerables, aquellas que habitan en condiciones de hacinamiento o en campamentos a lo largo del país.

El campamento Recoleta Bajo de Talcahuano y la esperanza de la sede vecinal

María Inés Oliva es comerciante y vive hace cinco años en el campamento Recoleta Bajo de Talcahuano. En su rol de presidenta de la comunidad asumió el desafío de velar por el bienestar de sus vecinos, los que hoy enfrentan la crudeza de la pandemia sin barajar la posibilidad de aislarse. No se trata de un acto de rebelión frente a las medidas del gobierno, es más bien la dramática realidad del hacinamiento. 

El hacinamiento es una condición que relaciona el número de personas que alojaron en una vivienda con la cantidad de dormitorios que ésta tiene. Mediante esa división se obtienen un índice, donde el resultado de 2,5 o más personas por habitación se traduce en un nivel medio de hacinamiento, mientras que si 5 o más integrantes de la familia comparten un mismo dormitorio, entonces la situación se considera crítica. 

Según el último Censo de 2017, el promedio de hacinamiento en Chile es del 7,3% y las regiones más afectadas son las de Tarapacá (12,5%), Arica y Parinacota (9,6%), y Antofagasta (9,1%). En tanto, en Biobío hay 31 mil 607 viviendas en esta condición, lo que equivale al 6,5% del total y afecta a más de 150 mil personas. A nivel territorial, este problema se concentra en mayor grado en Los ángeles, Concepción, Talcahuano, San Pedro de la Paz y Coronel.

Una realidad que desde 1997 es motivo de trabajo para la Fundación TECHO. Isidora Lazcano, directora de la entidad en Biobío y Ñuble, plantea que “las cifras muestran la exclusión habitacional de las ciudades, donde se acentúa la desigualdad para las familias más vulnerables”.

Isidora y la dirigenta María Inés trabajan juntas en gestiones para lograr un mejor pasar entre los vecinos, sobre todo ahora que -según la presidenta de Recoleta Bajo- la preocupación se instaló en el campamento. 

La Fundación TECHO donó a esta comunidad una sede social que se construyó en verano y, como no están los tiempos para reunirse en ella, las familias tomaron un acuerdo: si es de extrema urgencia que alguien se aisle por coronavirus, la solución será vivir ahí, porque dentro de las casas es imposible cumplir los protocolos de distancia e higiene que exigen las autoridades sanitarias. 

Y aunque el resto de la ciudad puerto ha bajado su ritmo, María Inés sabe que en esta toma no se puede descansar. 

Aunque todo parece en contra -porque la mayoría sigue trabajando con normalidad, usando el transporte público, y compartiendo baños y habitaciones- la suerte ha estado a favor del campamento Recoleta Bajo: aún no se reporta ningún caso positivo de Covid-19 al interior de la comunidad. 

En búsqueda de una política habitacional sin segregación 

El Catastro Nacional de Campamentos realizado en 2019 por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo reveló que en Chile hay 802 asentamientos de este tipo. De ellos, 331 se encuentran en Biobío, por lo que es la segunda zona con más concentraciones en el país, después Valparaíso (381). El mismo estudio evidencia que en nuestra región hay seis mil 346 hogares en campamentos y 15 mil 555 personas habitando en ellos. 

Una vez que las familias logran trasladarse a otro tipo de vivienda: ¿La Política Habitacional permite disminuir el hacinamiento? ¿Qué plantea la normativa sobre el número de metros cuadrados que debe tener una casa según la cantidad de habitantes? Paz Zúñiga es geógrafa del área de Investigación Aplicada de Fundación Vivienda y entregó antecedentes al respecto.  

Según Paz, “la vivienda está al centro del problema” en la actual contingencia causada por el coronavirus, debido a que es un reflejo de cómo la desigualdad es capaz de perpetuar incluso la posibilidad de que las personas puedan resguardarse del contagio. Agrega que “el acceso a la vivienda en Chile aún no es un derecho, lo que queda en evidencia con las casi 500 mil casas que hoy componen el déficit habitacional cuantitativo”.

Francisco de la Barrera, biólogo ambiental y Doctor en Geografía, aporta también su mirada a este conflicto y plantea por qué motivos puede agravarse la crisis sanitaria en los sectores en que el aislamiento se realiza en espacios pequeños. 

El experto -quien además es académico de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción e investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (Cedeus)- puntualiza que el hacinamiento “no es solo un tema arquitectónico o de metros cuadrados”, es también un problema urbano, porque generalmente se produce en lugares desprovistos de servicios, carentes de buenas conexiones a transporte público o acceso a parques. A eso se suma que en términos medioambientales genera mayores niveles de contaminación intradomiciliaria y de los barrios.    

De la Barrera expone que en la Región del Biobío, y en particular en Concepción, el hacinamiento funciona en la misma lógica que en las grandes ciudades, es decir, en viviendas sociales de pequeños tamaños, como las entregadas por los gobiernos durante el último tiempo.

Desde comienzos de abril el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está adelantando la entrega de más de mil viviendas sociales en todo Chile, argumentando que así las familias contarán con un lugar más seguro para enfrentar la pandemia.

Radio UdeC consultó qué ocurría en Biobío, y desde la Unidad de Comunicaciones de esa cartera sostuvieron que también están en el proceso de acelerar esos proyectos habitacionales en la Región.

Con miras al futuro y una vez superada esta emergencia, será el momento idóneo para que todos los actores involucrados se comprometan en garantizar el tan esquivo derecho de acceso a la vivienda. 

Si el estallido social de octubre de 2019 golpeó fuerte la mesa para exigir viviendas dignas, la pandemia evidenció que hoy más que nunca se necesitan políticas habitacionales que permitan mitigar la segregación urbana y sus efectos en la exclusión social de los sectores más vulnerables de Chile. 

Escucha aquí el reportaje:

 

Agradecimientos: Campamento Recoleta Bajo, Fundación Vivienda, TECHO y Cedeus.