Una solicitud de revocación de Resolución de Calificación Ambiental (RCA) presentó esta mañana ante la oficina regional de la Superintendencia de Medio Ambiente el Gobernador Regional del Biobío, Rodrigo Díaz Wörner, y la consejera y presidenta de la comisión de Medio Ambiente del CORE, Ana Araneda, respecto del proyecto eólico Mesamávida, situado en la ciudad de Los Ángeles.
El oficio, suscrito por el Gobernador y el Consejo Regional del Biobío, argumenta que, tras tomar conocimiento de la iniciativa en cuestión, se evaluó “el grave impacto ambiental que la construcción de este proyecto tiene sobre los vecinos circundantes al área de influencia del proyecto eólico, como dan cuenta las numerosas denuncias de los mismos vecinos, especialmente de la comunidad El Ciruelo Sur, quienes han manifestado en diversas oportunidades su rechazo al mencionado proyecto eólico”.
Tras el ingreso del oficio, el Gobernador Díaz indicó que lo que pudo constatar en terreno y luego lo que fue expuesto y resuelto en la comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional, “llevó a que el Consejo y Gobierno Regional tomaran una decisión, y esa decisión fue presentar observaciones pidiendo que se revoque la Resolución de Calificación Ambiental, que permite operar a ese proyecto”.
“Lo que debemos hacer es mantenernos en la convicción de que debemos avanzar hacia las energías renovables no convencionales, pero esto no se puede hacer de cualquier manera”, complementó la autoridad regional.
Por su parte, la consejera Ana Araneda señaló que “entendemos que ha habido malas prácticas y necesitamos dar señales de buenas prácticas para todos los demás proyectos de energía renovable que vengan, porque necesitamos cuidar el patrimonio natural y a nuestras comunidades”.
En tanto, Juan Pablo Granzow, Jefe Regional de la Superintendencia de Medio Ambiente, informó que la presentación realizada hoy “va a ser revisada por el equipo jurídico de la Superintendencia en el marco del proceso establecido por ley. Nuestro interés es que la situación se solucione”.
Cabe señalar que la solicitud se fundamenta en denuncias realizadas por parte de la comunidad entre el año 2020 y el 2021; el impacto directo en la calidad de vida de los habitantes, de los cargos definidos como graves y leves, que afectan negativamente en el aire y el descanso de la comunidad aledaña; y el incumplimiento severo de las condiciones con las que este proyecto obtuvo su RCA, faltando a las medidas que comprometió para su desarrollo.
