Con 105 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó el Acuerdo de Escazú. Se trata del proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
El texto aborda aspectos fundamentales de la gestión y la protección ambientales desde una perspectiva regional. Se regulan los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia. En particular, en ámbitos como el uso sostenible de los recursos naturales y la conservación de la diversidad biológica. A ello se suma la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático. También, el aumento de la resiliencia ante los desastres.
Asimismo, se incluye la primera disposición vinculante, en el mundo, sobre la protección a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
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En concreto, el acuerdo establece el derecho de acceso a la información, de modo de garantizar la transparencia de la información ambiental, en su dimensión pasiva y activa.
De igual modo, consagra el derecho de acceso a la participación en el proceso de toma de decisiones ambientales. Particularmente, respecto de proyectos o actividades de impacto significativo sobre el medio ambiente. Aquí se incluyen aquellos que afecten la salud y asuntos ambientales de interés público.
También presenta normas en torno al acceso a la justicia en asuntos ambientales. En ese plano, cautela las garantías del debido proceso, para acceder a instancias judiciales y administrativas.
Además, dispone que cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
Cabe señalar que el acuerdo entró en vigencia el 22 de abril de 2021, tras constatarse la ratificación de once de los Estados parte. En la actualidad, el número alcanza a doce Estados, a saber: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
El acuerdo de Escazú se analizó en tres comisiones de la Cámara: Relaciones Exteriores, Medioambiente y Futuro (Ciencias). Es por ello que en la Sala se leyeron los informes de estas tres instancias, entregados por Carmen Hertz (PC), Francisco Pulgar (IND) y Marta Bravo (UDI), respectivamente.
Posteriormente, en un extenso debate, las y los diputados expresaron sus posiciones a favor y en contra, exponiendo temas como la mantención del empleo y el desarrollo sostenible.
Ahora, el acuerdo pasará al Senado para ser tramitado y votado.
