A finales de 2021 Chile figuraba como uno de los 25 países del mundo con mayor alza en el precio de la vivienda. En lo que va de 2022 el panorama no resulta mucho más alentador. Ejemplo de ello es que –según datos de Portal Inmobiliario- el Gran Concepción registró los más grandes incrementos en los valores de precios para arriendos en la zona sur del país.
Para la Dra. Xenia Fuster, académica del Departamento de Geografía UdeC, “hay algunos que planteamos que Chile vive una crisis constante que no es de ahora, que no es de los años 90 ni de los 80, sino que desde que existe vivienda obrera”, añadiendo que en el último tiempo la problemática se agudizó por “la situación económica, de la banca y de los créditos hipotecarios”.
Hace unos días la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional aprobó un artículo sobre el derecho a la vivienda. Al respecto, la especialista indicó que “gran parte de los elementos que van a estar en la Constitución, por el sentido que tiene, van a ser declarativos. Lo importante son las leyes que van a operacionalizar esos principios”.
Nuevamente, surge la disyuntiva de qué se entiende por vivienda digna, más allá de la discusión de los metros cuadrados o accesos a servicios básicos, como alcantarillado.
En ese punto, la especialista en estudios urbanos, planificación y urbanismo sugirió que hay que considerar otras variables, como “identidad, no vivir en una zona suturada de transporte, y el acceso a las áreas verdes y la no explotación de las mismas”.
Además de la compras de casas y departamentos, otra arista tiene relación con los arriendos. Con la aprobación en la Cámara Baja de la ley “Devuélveme mi casa”, que facilita el desalojo de arrendatarios morosos, se abre una nueva disyuntiva: cuán necesaria es una normativa que regule los precios para quienes brindan y requieren de este servicio.
El programa de Gabriel Boric contempla un Plan de Emergencia habitacional en que el Estado tendrá un rol activo en «la adquisición de suelo urbano, facilitando que las familias se establezcan en sus territorios y barrios según sus necesidades, redes de apoyo, adecuación cultural, proyectos y ciclos de vida».
Por ello, durante el primer año, proponen robustecer el Banco de Suelo Público con permutas y transferencias directas de suelo fiscal que cuenten con norma urbana vigente. Además, de implementar una Política de Suelo, impulsando proyectos de ley para crear un sistema de adquisición preferente de suelo con fines urbano- habitacionales.
Desde la mirada de la académica es un buen punto de partida, pero hay que clarificar varios aspectos.
Finalmente, Fuster expuso que “uno de los principales problemas es pensar que la Política de Vivienda hoy en Chile es sólo para la población vulnerable, ya que debería abarcar a toda la sociedad, como un problema social en general”.
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