El gobierno de Gabriel Boric Font firmó envió al Congreso un proyecto para adherir al Acuerdo de Escazú, el que constituye el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, y el único en el mundo que busca proteger tanto el medioambiente como los derechos de los activistas, así como garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia. La medida, que es jurídicamente vinculante, había sido promovida por Chile en 2018, pero a última hora la administración de Sebastián Piñera decidió dar pie atrás, lo que abrió el paso a los cuestionamientos.
Los argumentos entonces esgrimidos por el gobierno anterior en 2018 guardaban relación con que, a su juicio, Chile ya poseía «una legislación ambiental que es reconocida, nacional e internacionalmente, por su contenido, alcance y consistencia». Sin embargo, la mayor incompatibilidad subrayada en ese momento era que el acuerdo contenía normas ambiguas y demasiado amplias, las que «podrían ser interpretadas como autoejecutables y otra que, pese a contemplar reenvíos a la legislación doméstica, generan o podrían generar debate sobre su aplicación en virtud del control de convencionalidad. En efecto, la aplicación de los principios, definiciones y disposiciones generales del acuerdo sumado a su carácter supralegal, abren una incertidumbre grave respecto a la normativa de fondo aplicable”.
Dichos cuestionamientos fueron refutados este viernes por el actual presidente de la República, Gabriel Boric Font, quien indicó que el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe en ningún caso pone en riesgo la soberanía nacional. Por ello, la adhesión al mismo plantearía una nueva relación entre el Estado y la ciudadanía en el marco de la crisis climática.
Por su parte, la ministra de Medioambiente, Maisa Rojas, expresó en su alocución que se trata de un acuerdo largamente esperado, que allana el camino para la transición hacia un modelo ecológico más justo. También, sostuvo que «no es tiempo para más vacilaciones», porque «la ventana de oportunidades para enfrentar tanto la crisis climática como la de biodiversidad se nos está cerrando aceleradamente».
Asimismo, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, agregó que el acuerdo, que cuenta con el apoyo y la secretaría de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), refuerza los vínculos de la política exterior con la sociedad civil y fortalece las capacidades de cooperación entre las naciones para la protección del derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medioambiente sano. Por ello, la canciller llamó al Congreso a aprobar el proyecto que permitiría la adhesión de Chile.
Si la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado aprueban la moción enviada por el Ejecutivo, el presidente Gabriel Boric Font podrá firmar la adhesión y entregar el instrumento correspondiente. Desde ese momento, Chile debería formar parte de los países incluidos en el Acuerdo de Escazú en un plazo máximo de 90 días.
