Tras la votación de la Cámara de Diputadas y Diputados, que declaró admisible la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera, ahora será el Senado el encargado de determinar la posible destitución del Mandatario.
Con 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones, el texto fue enviado a la Cámara Alta que deberá actuar como jurado para seguir su tramitación legal.
En dicha instancia, se necesitarán 29 votos para que la acusación complete su recorrido legislativo, lo que se anticipa complejo considerando que la oposición cuenta con 24 escaños.
Cabe señalar que, a diferencia de otras autoridades, luego de la decisión de la Cámara Baja, el Presidente Piñera no queda suspendido de sus funciones a la espera de lo que dictamine la Cámara Alta. No obstante, estará impedido de salir del país mientras dure la tramitación.
Extensa sesión en la Cámara
La sesión partió con la intervención del diputado Jaime Naranjo (PS), quien representó ante el hemiciclo la postura de los acusadores, cuyo libelo contempla dos capítulos; “haber infringido abiertamente la constitución y las leyes”, y “haber comprometido gravemente el honor de la nación”.
En su amplia exposición, que se extendió por casi 15 horas, el parlamentario relató con sumo detalle algunos de los fundamentos del libelo. Explicó el negocio del proyecto Dominga, hitos del proceso llevado ante el SEIA y las situaciones que se estiman como cuestionables y que se le imputan al Primer Mandatario.
En dicho contexto, repasó los negocios y la forma en la que el Mandatario opera. Particularmente, hizo mención a los casos de Bancard y Exalmar y sostuvo que los denominados “Pandora Papers”, vienen a complementar este tipo de comportamiento, pues se presume en el caso de Dominga una negociación incompatible y uso de información privilegiada.
Por su parte el abogado Jorge Gálvez, representante del Presidente de la República Sebastián Piñera, desestimó la procedencia del texto en sus alegaciones de hecho y de derecho.
El abogado fue categórico al cuestionar no solo el tenor de la acusación constitucional, sino que también la forma en la que se dio el debate en sala, insistiendo en que el libelo no es más que una maniobra político electoral.
El profesional llamó a los parlamentarios a rechazar el libelo, argumentando que “aprobarlo significaría un golpe a la institucionalidad que puede dejar heridas no solo para el próximo, sino que para los próximos gobiernos”.
