Luego de que este fin de semana se dieran a conocer las implicancias de los “papeles de Pandora”, un estudio del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), las bancadas de oposición de la Cámara de Diputados decidieron impulsar una acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera, debido a que salió a la luz un acuerdo de compraventa por la Minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas, donde la familia del mandatario vendió su parte del proyecto al empresario Carlos Délano.
Los documentos revelaron que una de las cláusulas del pago a los Piñera era que el gobierno chileno no declarara reserva natural en la zona donde se establecería la Minera Dominga, hecho que encendió las alarmas en la ciudadanía, y también en las distintas esferas de la política.
Al respecto, Lucas Serrano, director de Asuntos Públicos de Observa Biobío y de la carrera de Administración Pública Advance de la Universidad San Sebastián (USS), expuso que «esta acusación constitucional parece estar algo más robusta que la que se intentó levantar la vez anterior».
Sobre los efectos que podría tener esta acción, en caso de que logre los votos necesarios para concretarse, el analista mencionó que «el gobierno va de salida y ha perdido importancia frente a la convención constitucional, sin embargo, eso no quiere decir que no sea una piedra fuerte en el zapato que pueda condicionar los próximos meses».
Los representantes de Biobío en la Cámara Baja ya comenzaron a aclarar sus posturas. En ese marco, el diputado Gastón Saavedra (PS) dijo que la deshonra del país, la evasión fiscal y la agresión en contra del patrimonio natural son tres de las razones suficientes para acusar constitucionalmente a Piñera.
El parlamentario recordó que «la acusación constitucional es uno de los instrumentos de fiscalización que tiene el Parlamento y tiene que cumplir su rol», agregando que la decisión del Presidente de llevar los recursos a los Paraísos fiscales, configura una evasión de carácter tributario.
En tanto, el diputado Félix González (PEV) enfatizó que «ya hay un acuerdo de oposición y estarían las firmas para presentar la acusación constitucional. Se está redactando y, por lo tanto, en los próximos días se estaría ingresando», añadiendo que «como ecologistas nos indigna».
«El Presidente cumple ese contrato, porque ha pasado casi la totalidad de su Gobierno y no ha avanzado desde la aprobación del anterior Consejo de Ministros, en el periodo de Bachelet. No ha avanzado ni tiene intención de declarar el área marina protegida y, por el contrario, ha acelerado la otorgación de permisos -aún cuando están pendientes recursos de los Tribunales- del proyecto minero y portuario Dominga», agregó el diputado González.
Cabe señalar que en 2019, Diputados y Diputadas intentaron sacar adelante una acusación constitucional contra Piñera por «las graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos cometidas por agentes del Estado», durante el estallido social, sin embargo la medida no logró reunir los votos necesarios.
