La comisión mixta que buscaba despejar discrepancias en torno al proyecto de ley que perfecciona el proceso de descentralización del país, más conocida como ley corta, aprobó finalmente hoy el proyecto y ahora pasará a la Sala del Senado.
Hay que recordar que la ley corta fue ingresada por el Ejecutivo en 2020 y buscaba aclarar puntos que no habían quedado del todo resueltos en la ley original de 2018 de Fortalecimiento a la Regionalización (21.074). Por ejemplo, buscaba definir el concepto de “competencia” que pueden ejercer los gobernadores regionales y explicitar el proceso de obtención y evaluación de esas atribuciones.
“Agradecemos la voluntad y trabajo de la comisión mixta de ambas cámaras, así como también de los y las gobernadoras regionales en avanzar en este tema, pues es sumamente importante para que puedan llevar a cabo su trabajo y conducir el proceso de regionalización tan anhelado por Chile”, dijo la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), María Paz Troncoso
En el tema sobre cómo solicitar nuevas competencias es donde hubo la mayor discrepancia. Según la ley, los Gobiernos Regionales pueden pedir más competencias durante los dos primeros años de una nueva administración presidencial y el proyecto original planteaba que existiera “silencio negativo”, es decir, que si el Gobierno Regional solicitaba una nueva competencia y durante seis meses el Ejecutivo no se pronunciaba se entendía que la respuesta sería negativa. En cualquier caso, como sucede en la administración pública, la decisión debía ser justificada.
No obstante, la Sala de la Cámara rechazó la idea de legislar sobre esta materia y en la comisión mixta se zanjó que el Ejecutivo debe dar una respuesta expresa a la petición.
El gobernador de Biobío, Rodrigo Díaz, valoró que “esta materia la conversamos en detalle y la redacción que está proponiendo en este minuto la subsecretaria, es la que fue acordada y estamos, por lo tanto, respaldando esa redacción”.
El otro cambio que hubo, surgió en la Comisión de Gobierno en mayo pasado respecto de la evaluación de las competencias. Allí se decidió que sea realizada a los tres años de aplicación por parte de una comisión paritaria entre el Gobierno Regional, ministerio de origen y que la secretaría ejecutiva de esta quede en Subdere, dejando fuera a la Dirección de Presupuestos.
Al igual que en el proyecto original, se decidió que sea Contraloría el ente que dirima ante posibles controversias entre el gobernador regional y el delegado presidencial.
Foto: Diario Concepción.
