Desazón y molestia manifestaron los locatarios de la Galería Alessandri de Concepción, tras el fallo de Contraloría que determinó que no es obligación legal de Bienes Nacionales acceder a una nueva prórroga ni a la modificación del proyecto original propuesto por la concesionaria Food Court, hecho que nuevamente retrasa los planes de remodelación del recinto.
La decisión deja a los históricos comerciantes del edificio sin soluciones, ya que, a 9 meses del término de la concesión por parte del gobierno, no hay una respuesta que mejore las condiciones en las que hoy trabajan.
Hay que recordar que en enero, cuando Bienes Nacionales caducó ambas concesiones, aseguró que esa decisión obedecía a la intención de mejorar las condiciones de trabajo de los comerciantes, con fondos FNDR o Subdere, lo que nunca se concretó, ya que no se solicitaron los fondos al Consejo Regional.
En entrevista con Radio UdeC, Marcos Garrido, Presidente de la concesionaria Galería Alessandri, expuso que “tenemos una galería abandonada por el Estado que tiene una existencia de más de 60 años y el Estado nunca se preocupó de un detalle de ella”.
Los locatarios señalan que el gobierno aseguró que abriría una nueva licitación, lo que no se ha concretado, y su última decisión, dada a conocer en una respuesta a un oficio enviado al diputado José Pérez, es realizar un estudio “para catastrar los problemas que pueda tener la galería, ejecución que está prevista en 80 días hábiles, sin contar los plazos administrativos que se deben considerar para esta etapa, bases de licitación y adjudicación”.
Garrido insistió en que se han registrado irregularidades por parte del Ministerio de Bienes Nacionales lo que «viene a demostrar que la seguidilla de errores está en la gestión de parte de ellos”.
Al parecer aún no está dicha la última palabra, ya que el diputado Leonidas Romero, quien patrocinó el requerimiento, explicó que “Contraloría determinó que no es obligación legal de Bienes Nacionales acceder a una nueva prórroga ni a la modificación del proyecto original propuesto por la concesionaria, pero se abstuvo con respecto al fin de la concesión por parte de Bienes Nacionales e indicó que se debió haber recurrido a un Tribunal Arbitral. Sin embargo, Contraloría basa su inhabilidad en un hecho que no es efectivo, pues en el contrato que se firmó entre la concesionaria y Bienes Nacionales no existe ninguna cláusula que diga que las diferencias deben resolverse en un Tribunal Arbitral. De hecho, esto debió conformarse al inicio de la concesión, lo que nunca el ministerio realizó”.
Verónica Gatica, gestora del proyecto y presidenta de la empresa Food Court, indicó que “en la reconsideración se resaltará y demostrará que el contrato en ninguna parte dice que par efectos de controversia se puede constituir el Tribunal Arbitral. De hecho, Bienes Nacionales se olvidó de poner esa cláusula en el contrato que tenemos con ellos. Nunca lo puso, nunca lo agregó, y es algo que si hubiese estado, iríamos al tribunal, pero no está y hay que ver que se hace en esos casos”.
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Foto: Diario Concepción.
