Tras el rechazo a la despenalización del aborto en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, con el voto en contra de la diputada Joanna Pérez (DC), diversas voces de la sociedad civil han criticado esta situación.
Desde la Corporación de Abogadas Feministas, Corafem, Javiera Morales Castellan, coordinadora de Vinculación Territorial, critica que no se entienda el aborto como un asunto de salud pública.
«Ha quedado relegado a un análisis moral o, a lo más, biológico, pero no se analiza desde el punto de vista de los derechos humanos, clave para implementación de políticas públicas de mujeres y cuerpos gestantes«, detalló.
En ese mismo sentido, para Ruth Pérez Villegas, Matrona especialista en Perinatología y colaboradora de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad UdeC, el voto de Pérez deja en evidencia que no hay una mirada de las políticas públicas de salud.
En cuanto a la importancia de despenalizar el aborto en nuestro país, Pérez indica diversos factores que intervienen en esta situación, como la salud pública, para evitar el riesgo que implican estas acciones y, por otro lado, el reconocimiento a los derechos de la mujer.
Además, la académica y coordinadora de Formación Permanente UdeC destacó que la ciudadanía ha evolucionado más que los poderes que toman las decisiones, «lo que hace que estos últimos se alejen más de la población que representan«.
Para la abogada Javiera Morales, el aborto clandestino existe y ocurre todos los días. «Es un asunto de salud pública que no se puede obviar por temas valóricos«, manifestó.
De acuerdo a trascendidos, la iniciativa se revisará en la Sala de la Cámara la próxima semana, ante lo que tanto Morales y Pérez se muestran optimistas.
«Vemos con entusiasmo cómo la sociedad civil ha cambiado las posiciones más conservadoras«, señaló Javiera Morales
Pese a las dificultades previas en el debate y la discusión, Ruth Pérez es optimista en que tras las elecciones parlamentarias «probablemente exista un cambio hacia legisladores que se acerquen más a lo que gente está pidiendo«.
Cabe señalar que el Gobierno celebró el rechazo de la iniciativa, señalando que «no hay razones sanitarias para promover el aborto sin causales«.
Recordemos que en Chile abortar es legal desde 2017, bajo el Gobierno de Michelle Bachelet, solo bajo tres causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal o violación.
