De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 127 conflictos socioambientales se identifican en Chile, de los cuales 70 se consideran activos, 33 latentes y 24 cerrados, y es a raíz de ellos que se ven vulnerados, por ejemplo, los derechos a vivir en un medio ambiente sano, al disfrute de la salud física y mental y al agua.
En un nuevo episodio de Foro Constituyente UdeC conversamos sobre «Conflictos socio-ambientales y nueva Constitución» con la antropóloga Noelia Carrasco Henríquez, profesora del Departamento de Historia UdeC y directora del programa de investigación Ciencia Desarrollo y Sociedad en América Latina, CIDESAL.
Consultada sobre la alta tasa de conflictividad socioambiental diagnosticada en Chile, la académica indicó que esto tiene su causa “en la ruta de desarrollo que ha seguido el país, basada en la extracción intensiva y en el uso y explotación de los recursos naturales no renovables”.
“Es un modelo transversal directamente asociado con principios establecidos en la Constitución de 1980, particularmente referido a los usos de la naturaleza como base del crecimiento y desarrollo económico del país”, expresó.
En Chile, diversos conflictos socioambientales han alcanzado gran notoriedad pública, por ejemplo, las intoxicaciones masivas ocurridas en Quintero y Puchuncaví, producto de la contaminación producida por el Complejo Industrial Ventanas, o el caso de la expansión del monocultivo de paltos y la escasez hídrica en Petorca.
Sobre la participación activa de la sociedad civil, expresada en agrupaciones preocupadas por la defensa de sus comunidades y del medio ambiente y sus derechos, la antropóloga indicó que esto es una fenómeno global, caracterizado por una articulación horizontal y que busca reivindicar “otra manera de pensar el desarrollo, para a su vez diseñar otra manera de relación con la naturaleza”.
En relación al proceso constituyente y la nueva carta magna para el país, la profesional expresó que el panorama es “auspicioso, ya que la gran mayoría de los convencionales y el espectro político nacional, está privilegiando la cuestión ambiental sobre la base de que es necesario reconocer que como sociedad tenemos urgencias porque se han superado límites para los equilibrios que tenemos para la sobrevivencia y la calidad de vida”.
“Pensar en la prioridad que tiene la cuestión ambiental para el debate constitucional es en realidad reconocer que como sociedad estamos en un dilema crítico en nuestra relación con la naturaleza”, afirmó.
Respecto de la integración de las comunidades en la discusión en torno a nueva Constitución y cambios medioambientales, Carrasco expresó que la fórmula es la horizontalidad, apuntando a «la construcción de espacios de trabajos simétricos en donde las comunidades locales son productoras de conocimiento y son consideradas como tales».
Finalmente, la académica UdeC indicó que a través de la nueva Constitución «las futuras generaciones se enfrentarán a nuevas reglas del juego que esperamos sean más justas, tanto del punto de vista social como ambiental».
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