Por: Foro Constituyente UdeC.
Imagine que la prensa no existe, piense cómo sería la vida moderna, sin el tipo específico del ámbito de lo público que la prensa crea (Weber,1921). Resulta interesante, sin embargo, preguntar hoy, qué es lo que se hace público a través de los medios y qué no. ¿Qué relaciones de poder se crean por el hecho específico de que los medios conviertan en público determinados temas y otros no? ¿Qué rol juega el Estado? ¿Los gobiernos de turno? ¿Quién responde por el ataque a los periodistas en pleno ejercicio de su tarea de informar en la conflictiva zona de Tirúa?
A lo que Weber se refería, sin duda, es que la relación entre la democracia y los medios de comunicación es paradójica e indisoluble. No existe democracia sin una prensa libre y ésta, difícilmente podría existir en otro sistema político que no sea la democracia.
En Chile, los rankings de libertad de prensa son muy auspiciosos. Sin embargo, excluyen justamente lo que representan las graves amenazas a la democracia y que, entendemos, se exacerban en el contexto de un proceso constituyente al que estamos llamados. La ironía de gozar de la libertad de expresión radica en que los rankings publicados, hasta ahora, ocultan los problemas que emergen del hecho de que el Estado no es la más peligrosa amenaza en contra del derecho a la libertad de expresión. Por el contrario, la libre interacción de capitales privados en el mercado de los medios de comunicación que actúa con una estructura de alta concentración de los medios dominados por familias con mucho poder político y con un marcado carácter conservador, es la principal amenaza (Godoy, 2015)
Nos preguntamos entonces, ¿qué es lo que los medios le ofrecen a la opinión pública? Urge encontrar un equilibrio entre el derecho a la libertad de expresión y la voluntad política para garantizar la libertad de prensa donde se reconozca el derecho a comunicar de manera veraz, abierta y pública.
No cabe duda de que, en ese contexto, los medios de comunicación como actores políticos influyen en la configuración de la agenda pública y en ello compiten con otros actores como el gobierno y, en menor medida, con otros representantes sociales. Es cierto, los medios sirven para alimentar una conversación social y si bien no consiguen decir a la gente qué opinar, consiguen inducir a los públicos sobre qué tienen que pensar de un determinado asunto. No olvidemos lo que en algún momento nos ilustró Tocqueville: “cuando un gran órgano de la prensa logra caminar por una misma vía, su influencia a la larga es inevitable y la opinión pública…termina por ceder ante los golpes”. ¿A qué debe aspirar, entonces, un gobierno dentro de un Estado democrático desde el ámbito de la comunicación y opinión pública masiva?
Dos cuestiones por atender: una, el deber de informar sobre las políticas que se impulsan y sus fundamentos con sus logros y obstáculos, y dos, entregar a la opinión pública sus propias opiniones sobre los asuntos controvertidos de la agenda pública. ¿Cómo el gobierno lo puede hacer? Dos opciones: disponiendo de sus propios medios públicos; o bien, dejándose arrastrar por el modelo del mercado, cuestión que sucede en el país, alejándose de la oportunidad de hacer valer los argumentos y opiniones en un ambiente pluralista, abierto y crítico. El gobierno no debe imponer: Debe persuadir.
Cuando hicimos la pregunta de si hay un lugar para la política en la cultura mediática, estábamos pensando en lo efímero, sustancialidad de la cultura mediática, que algunos elevan a fundamento de la realidad del mercado porque es éste quien ordena el mundo; en cambio, la política entre lo efímero y el cálculo, se ha transformado en un “artificio calculado” de la palabra. En este marco, la democracia se confunde con el mercado.
En suma, no podemos perder de vista la urgencia de estar dispuestos siempre a complejizar las verdades de la doxa neoliberal y de la cultura mediática. El imperativo ético invita a mantener el compromiso y la responsabilidad sin dejar que el miedo y la banalidad nos sugiera sospechar del otro o callar. Necesitamos construir un vivir con el otro en un mundo de respeto y libertad de expresión. De ahí la relevancia de una nueva Constitución que vele por la dignidad de todas las personas en el marco de los Derechos Humanos donde la palabra cobre nuevo sentido que actualice el espacio de los afectos que mueven las potencialidades humanas, aminoran el miedo e incentivan la esperanza de un mundo mejor y favorezca el derecho a comunicar de manera veraz, abierta y pública.
