Por Andrés Cruz Carrrasco, académico UdeC y candidato a constituyente por el Distrito 20.
El agua, constitutiva de todo lo vivo, ha dejado de ser desde hace mucho tiempo un bien común, para formar parte de los activos incorporados al patrimonio de algunos particulares que han especulado con ella, convirtiéndola en un bien más de aquellos que se transan en el mercado, asignándole un precio.
Pese a ser un bien vital, hay que pagar por ella. También, atendida la crisis hídrica y el calentamiento global, ha devenido en un argumento geopolítico y estratégico que ante un agravamiento de su carencia, ya hace que se pregone que será la causa de futuras guerras entre Estados.
El estrés hídrico nos ha golpeado fuerte, sobre todo en zonas rurales, naturalizándose el uso de camiones aljibes para el suministro de la población, mientras unos pocos se aprovechan de unos derechos constituidos sobre ella, para lucrar aunque sea a costa del sufrimiento de quienes tienen que ver como los caudales corren a su lado, sin poder hacer uso de los mismos para sobrevivir.
El despilfarro de agua es también enorme, ya sea por la aplicación de rudimentarias técnicas de riego, un uso industrial ineficiente, o la explotación energética depredadora y primitiva, ante la falta de incentivos y apoyos para invertir en innovación y tecnología que permita optar por fuentes renovables. Además de las filtraciones de acueductos y su irresponsable empleo doméstico.
Se trata de una más de las manifestaciones de la total falta de conciencia ante la magnitud de la tragedia, asociada a su escasez, de ausencia de empatía respecto de quienes no sufren las consecuencias y de la indolencia y falta de voluntad de los que concentran el poder económico y político y que, paradójicamente, se pueden ver beneficiados por la insuficiencia de agua al rentar favorablemente con la comercialización de un bien escaso.
A todo esto debemos agregar que no sólo se trata de un problema de cantidad, por cuanto también su calidad y la creciente contaminación han ido agudizando el problema. Más aún, privilegiar los intereses privados de corto plazo, por sobre aquellos sustentables ambientalmente de largo plazo, han derivado en proponer carreteras hídricas que nada solucionan.
La seguridad hídrica ha pasado a constituirse en una amenaza emergente que estratégicamente configura un problema político esencial para la subsistencia y equilibrio ecológico no sólo nacional sino que también global.
El objetivo de una política del agua incorporada en una Constitución es convertirla en un derecho humano, restituyéndole su carácter de bien común de la humanidad, privilegiando su consumo para los seres humanos por sobre su uso industrial, devolviendo a la esfera pública su gestión, para que su utilización sea solidaria y sostenible, con dispositivos de control para su evaluación y seguimiento, para proteger los equilibrios hidrogeológicos y medioambientales a fin de promover y garantizar su uso racional, implementando políticas del agua a nivel local, regional y nacional.
