Por: Amaya Alvez Marín, Doctora en Derecho y candidata constituyente Distrito 20.
De entre los muchos aspectos destacables del proceso constituyente que actualmente vive nuestro país, ocupa un lugar central el hecho que éste contará con una participación y diversidad en su redacción inéditas en nuestra historia, con integrantes de diversos grupos que en procesos anteriores resultaron permanentemente excluidos del pacto social. Mujeres, Pueblos Originarios, representantes de las diversas regiones del país, tendrán la posibilidad de expresar sus voces en un espacio de deliberación negado en anteriores procesos, especialmente, en aquel que dio origen a la actual Constitución de 1980.
La trascendencia de este momento requiere de nuestra parte la empatía suficiente para escuchar y dialogar, para que de la diversidad surjan, de cara a la Convención Constitucional, normas de convivencia mínimas y justas que sienten las bases de una convivencia democrática para los próximos años. En ello están en juego la posibilidad real de una Constitución que se haga cargo de las demandas de equidad y participación expresadas recientemente en las movilizaciones ciudadanas y el triunfo del Apruebo en octubre pasado.
Entre estos aspectos a debatir dentro del amplio margen de proyectos que hoy apuestan por cambios al modelo constitucional, pueden mencionarse, aunque no de forma excluyente, los siguientes aspectos: la modificación de la estructura centralista del país por una verdaderamente regionalista, que empodere a las comunidades y a la ciudadanía y que le reconozca mecanismos de participación directa y vinculante en la toma de decisiones; la conformación de un Estado Social que promueva los derechos fundamentales de las personas y de garantías básicas para una vida digna; la declaración de nuestro país como un Estado Plurinacional, que dé reconocimiento político efectivo a los diversos Pueblos Originarios que viven ancestralmente en nuestro territorio, y la adopción de una perspectiva de género en los principios y derechos constitucionales, para asegurar una igualdad material en el reconocimiento y ejercicio de derechos de las mujeres.
Lo anterior requerirá también, por cierto, que utilicemos todos los mecanismos para una Convención Constitucional participativa y con vinculación directa con todos los territorios del país. Para que de esta manera la ciudadanía, los movimientos sociales, puedan plantear sus inquietudes y propuestas, y hacer un seguimiento activo a los diferentes y trascendentales temas que serán debatidos para una Nueva Constitución de todas y todos.
